La Oficina Contra la Pornografía y las Publicaciones Ilegales ha pedido a las autoridades de los Gobiernos de cualquier nivel que tomen medidas inmediatas cuando los vídeos aparezcan y castiguen "sin contemplaciones" tanto a los que los suben a las redes sociales como a los que los almacenan.
El órgano también ha pedido ayuda a la ciudadanía para que informe a la Policía del contenido ilegal.
Según las autoridades, la irrupción cada vez más habitual de vídeos obscenos arruina la decencia social, perturba el orden en internet y pisotea tanto la moral como la ley.
El mes pasado se hizo célebre la grabación de una pareja manteniendo relaciones sexuales en los probadores de una tienda de una conocida multinacional de ropa en Pekín.
El caso provocó editoriales en la prensa oficial sobre la deriva de la sociedad china y la reacción de la Administración del Ciberespacio de China, que denunció que atentaba contra "los valores socialistas más elementales".
Esta semana también han circulado las imágenes de una gran pantalla de un centro comercial de la ciudad de Lishui que emitió durante varios minutos un vídeo pornográfico, aparentemente por el descuido de un trabajador.
Meses atrás se hicieron famosas las fotografías de una mujer desnuda en la Ciudad Prohibida.
La ley prevé dos años de cárcel a los que difunden libros, fotografías o vídeos obscenos y hasta cadena perpetua si hubo afán de lucro.
La prohibición legal de la pornografía ha evitado que se desarrolle una industria profesional como la japonesa, pero el uso cada vez mayor de las redes sociales posibilita que los chinos envíen y compartan material prohibido con facilidad.
Dos mujeres de Shanghái fueron recientemente condenadas a penas de cárcel y multadas por haber producido vídeos sexuales que protagonizaban y haberlos vendidos a través de wechat, una aplicación de mensajes parecida a Whatsapp.
Una campaña policial entre diciembre y abril acabó con el arresto de 17 sospechosos de almacenar contenido pornográfico en la nube para después de difundirlo.
Las autoridades preparan nuevas leyes que regularán las aplicaciones sociales y los servicios de almacenamiento y que castigarán con severidad a las compañías que no limpien el contenido ilegal.