Entre las medidas alternativas se incluyen la remisión condicional de la pena, la libertad vigilada, la reclusión parcial diurna o nocturna y la reclusión parcial de fin de semana, que alcanzaron a casi 60.000 personas, es decir el 58 por ciento de los condenados.
Sin embargo, la Gendarmería de Chile cuestionó esta política, a la que responsabiliza por el incremento de los delitos en el país. "No se consideró el impacto que eso tendría en términos de seguridad pública", dijo a El Mercurio el director nacional de Gendarmería, Tulio Arce.
La mayor aplicación de penas alternativas se enmarca en una política del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) para descongestionar las cárceles.
El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, sostuvo que la población carcelaria aumento 50 por ciento entre 2006 y 2009, durante el primer gobierno de la actual presidenta Michelle Bachelet, mientras entre 2010 y 2013, ya bajo el mandato de Piñera, se registró una disminución del 18 por ciento.
Según un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicado en 2014, el hacinamiento es "la deficiencia más común" en las cárceles chilenas, con establecimientos cuya cantidad de internos superan el 350 por ciento de capacidad de alojamiento.
Para revertir esta situación, Frey anunció un plan del Gobierno que incluye la construcción de nuevas cárceles.
"Queremos volver a subir el nivel construyendo más cárceles y ampliándolas en algunas regiones, metiendo el tema de las sanciones efectivas, fijando los rangos penales y aumentando las facultades preventivas de la policía", indicó Frey a El Mercurio.
Expertos en temas carcelarios apoyaron, en cambio, la aplicación de medidas alternativas.
La abogada Olga Espinoza, directora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, dijo a El Mercurio que entre las ventajas de cumplir penas en libertad, "está el hecho de evitar la desocialización que produce la cárcel y el riesgo de contagio criminógeno".
Para la especialista, aún "hace falta" una política pública que "releve la importancia de invertir en reinserción, pues cuanto más se avance en ella más se reducirá la reincidencia, y con ello se estará previniendo la comisión de nuevos delitos", explicó.
Al 30 de junio de 2015, Chile tenía más de 100.000 personas dentro del sistema penal; entre estos se cuentan los imputados (12 por ciento), los detenidos (29 por ciento) y quienes cumplían medidas alternativas, representando el 58 por ciento de esa población.
