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Papel de EEUU traza dudas sobre beneficios a petroleras en México

© Sputnik / Ilya Pitalev / Acceder al contenido multimediaExtracción de petróleo (archivo)
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La revelación de que Hillary Clinton ayudó al diseño de la reforma energética de México, junto con funcionarios de EEUU quienes pasaron después al sector privado revela un claro conflicto de intereses a favor de petroleras extranjeras, dijo a Sputnik Nóvosti Oscar Arredondo, investigador de la fundación independiente Fundar.

“Mediante su paso por altos cargos en el diseño de políticas energéticas de EEUU, esos funcionarios lograron claras ventajas para las empresas a las cuales asesoran ahora, desde adentro del proceso de apertura del sector petrolero de México”, dijo Arredondo, responsable del programa de vigilancia de políticas públicas y presupuestos de Fundar.

“Se esperaría que las leyes norteamericanas generen una vigilancia más sólida sobre este episodio (revelado por los correos de la exsecretaria de Estado); y que se abra una investigación sobre el grave conflicto de intereses que representa trabajar para trasnacionales petroleras luego de ayudar a diseñar una apertura a las inversiones en un país vecino en nombre de Washington”, dijo Arredondo, quien también ha trabajado en el sector público mexicano.

No está claro para los analistas si la intervención del Gobierno de EEUU a través del funcionarios del Departamento de Estado encargados de su política energética como David Goldwyn y Cheryl Mills, y el exembajador en México Carlos Pascual –según correos privados de Clinton divulgados el fin de semana-, ha propiciado mejores condiciones para el Estado mexicano o para las empresas extranjeras, que han vuelto al país latinoamericano después de 77 años de monopolio petrolero estatal, uno de los últimos en el mundo.

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“Las ventajas para las petroleras de EEUU que ahora tienen accesos a información privilegiada a través de esos funcionarios, quienes se han convertido en consultores privados, puede permitirles ventajas en las contrataciones”, dijo el investigador.

Entre los beneficios que pueden transferir de México a EEUU está la información sobre beneficios contractuales o fiscales, porque conocen el procedimiento de los mecanismos de ingresos y egresos: “los funcionarios mexicanos actúan como dueños de los recursos de la Nación y no como servidores públicos”, señaló Arredondo.

La reforma energética en México avanzó desde la llegada de Enrique Peña a la presidencia en diciembre de 2012, con “una publicidad excesiva y poco debate informado sobre un tema que comprometía a la soberanía y una de las claves de su crecimiento económico como país petrolero”, la décima potencia productora mundial, que ha sufrido una caída de más de un millón de barriles diarios en la última década.

“Esos funcionarios de EEUU han negociado en las entrañas del Estado mexicano, ofreciendo después a las trasnacionales norteamericanas un acceso privilegiado a información sobre el patrimonio de México”, dijo el experto.

La debilidad del marco jurídico mexicano impide sancionar estos mecanismos ocultos, conocer cómo se hacen las licitaciones: “no existen declaraciones de conflictos de intereses de los funcionarios, nadie las cumple, son letra muerta”, opinó Arredondo.

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Sin embargo, las declaraciones de conflictos de intereses son cuestiones demasiado complicadas para hacerlas efectivas en el ámbito de la gestión pública, porque no se pueden declarar antes o después de una administración, sino que se deben vigilar a diario, en el desempeño de las actividades.

Los funcionarios de EEUU y México debieron estar bajo constate monitoreo durante la negociación de la reforma que abría el monopolio petrolero estatal establecido con la nacionalización de 1938, indicó el experto.

En México, a su juicio, no existen mecanismos de participación ciudadana que puedan investigar a directivos de las empresas estatales, quienes actúan como si fueran los dueños desde sus puestos corporativos, con el control de los mecanismos de negociación contractual.

Las negociaciones entre altos cargos de EEUU y México han involucrado a quienes se benefician de las políticas públicas que promueven, “sin contrapesos, sin controles internos, sin leyes que obliguen a hacerlas de manera transparente de cara a un monitoreo público, mediante consejos ciudadanos para gestionar los beneficios de la reforma”.

Los órganos de control interno en México son limitados, y recién la semana pasada recién se supo que un gerente de Pemex era el encargado de supervisar un contrato de casi 120 millones de dólares en el cual fue subcontratada una empresa de la cual era socio.

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En respuesta a la información divulgada por un portal en EEUU, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo al diario La Jornada que la Reforma Energética no ha tenido injerencia de la precandidata a la Presidencia de EEUU, Hillary Clinton.

Los únicos modelos energéticos que fueron tomados como referencia por los autores fueron los de Noruega, Colombia y Brasil, dijo Coldwell.

“Ninguna consultoría privada participó en la discusión o diseño de la propuestas de Reforma Energética”, afirmó sin responder a la pregunta de que los funcionarios de EEUU ayudaron a México a diseñar la reforma antes de ser contratados por consultores privados en energía en EEUU, al servicio de petroleras extranjeras.

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