La audiencia, tercera en lo que va de año, surgió después de que los titulares del fondo de inversión Aurelius solicitara a Griesa que revise la calificación de estos títulos, pues habrían sido colocados en el exterior, según el demandante.
Los llamados fondos buitres buscan así que el juez prohíba el pago de los bonos Bonar 2024.
Por su parte, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sostiene que se trata de bonos de deuda doméstica emitidos bajo ley argentina, lo cual implica que no pueden estar sujetos al fallo de Griesa de 2012, que ordenó a Buenos Aires pagar a los fondos buitre bonos impagos una década atrás, en una demanda valuada en 1.600 millones de dólares, incluyendo intereses.
Los Bonar 24 son el instrumento que utilizó el Gobierno argentino para emitir en abril papeles que le permitieron recaudar 400 millones de dólares.
La audiencia de este miércoles también servirá para que el fondo NML, del lobista estadounidense Paul Singer y líder del grupo de demandantes que llevó al país a los tribunales de EEUU, insista en obtener documentos y datos sobre el Banco Central (BCRA) y las petroleras estatales YPF y Enarsa, señaló el diario La Nación.
El objetivo es probar que esas entidades son parte del Estado argentino y pasibles por tanto de ser embargadas para que los buitres se cobren la sentencia a su favor.
Argentina por su parte se ha negado a responder a la petición de información del fondo NML y ha evitado las investigaciones de los demandantes amparándose fundamentalmente en las garantías de la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos
Esta postura del Gobierno argentino hizo que el NML pidiera al juez Griesa sanciones, un reclamo que también será discutido este miércoles en la audiencia. Los resultados se conozcan posiblemente en unos 10 días.
VICTORIA ARGENTINA
El lunes, Argentina se anotó una victoria en los estrados estadounidenses, cuando un tribunal de apelaciones ordenó a Griesa rever su decisión de amparar en su fallo de 2012 a tenedores de bonos conocidos como “me too” (yo también) por un monto de 700 millones de dólares, informó el diario Buenos Aires Herald.
Según el tribunal de apelaciones, Griesa amplió de forma inapropiada la cantidad de acreedores que deben recibir un pago nominal completo y al contado luego que Argentina declaró en default deudas por 100.000 millones de dólares en 2002.
Griesa había admitido en junio demandas por 5.400 millones de dólares, con lo cual las cuentas que Argentina debía supuestamente pagar ascendían a 7.000 millones, sumando el fallo anterior a favor de NML y Aurelius por 1.600 millones.
Pero el tribunal le ordenó ahora al juez restringir la consideración solamente a quienes hayan mantenido en forma continua las ocho emisiones de bonos en cuestión, descartando a los que hubieran adquirido los papeles en el mercado secundario, y a celebrar una nueva audiencia para determinar el monto apropiado de los daños.
El abogado de Argentina, Carmine Boccuzzi, saludó el fallo señalando que los demandantes “nunca han podido demostrar sus presuntos daños y no tienen derecho a obtener los fallos sobreestimados” que han buscado en la corte, sostiene el Buenos Aires Herald.
