La cifra de muertos alcanza ya los 114, con más de 700 heridos y 85 desaparecidos, en su mayoría bomberos.
Las autoridades han asegurado que ni el aire ni el agua contienen concentraciones peligrosas de materiales químicos para la salud pública y afirmado que la limpieza integral terminará en las próximas horas.
El mensaje de calma no ha calado en los vecinos que vivían en los edificios cercanos a la explosión.
Un centenar de ellos se ha concentrado esta mañana frente al hotel desde donde las autoridades emiten las actualizaciones para dejar claro que no regresarán a pesar de las promesas de que serán reparadas.
"Queremos que el Gobierno o la compañía que almacenaba los materiales peligrosos nos dé otra de igual calidad", comenta a Sputnik Nóvosti Wu Chao mientras enseña en su teléfono móvil el estado de devastación de su casa.
Las paredes están desconchadas, no queda un cristal íntegro y el suelo está cubierto de ruinas.
Las deflagraciones arruinaron la Nueva Área de Binhai, una aseada zona portuaria de nuevas edificaciones de mayor calidad que la media nacional y que había atraído a la pujante clase media de la región.
Christine y su marido invirtieron buena parte de los ahorros en la vivienda, que les costó 1,3 millones de yuanes cuatro años atrás.
Las explosiones la han dejado arrasada como "si hubiera pasado un huracán", explica Christine, quien ahora no piensa en regresar por más reparaciones o garantías que le ofrezcan.
Ni siquiera se ha atrevido a recoger sus pertenencias y se conforma con cualquier piso nuevo que el Gobierno le consiga en Tianjin o en cualquier otro punto del país.
"No creo que nadie me lo quiera comprar aunque me lo dejen como nueva, como mucho me ofrecerán una décima parte, ¿quién querría vivir ahí después de lo que ha pasado?", se pregunta.
La mayoría de los bomberos fallecidos eran apenas veinteañeros, sin ninguna formación sólida para lidiar con problemas de esa magnitud, y sueldos bajos.
Pero la pujante clase media es más difícil de callar, dispone de más recursos de presión y es más consciente de sus derechos.
Entre los concentrados hoy se repetía la acusación de vulneración de la ley, que prohíbe el almacenamiento de materiales peligrosos a menos de un kilómetro de viviendas.
No son raros en China los estrechos lazos entre poder y empresas ni que éstas sobornen a las autoridades para que relajen el cumplimiento de las leyes de seguridad.
La prestigiosa publicación Caijing ha asegurado hoy que uno de los accionistas de la compañía Ruihai es el hijo de un expolicía del puerto de Tianjin.
El Diario del Pueblo asegura que la compañía podría haber acumulado materiales de contrabando.
Muchos vecinos expresaban hoy que creían que los contenedores solamente almacenaban coches de importación y otros objetos inocuos.
"Nunca supimos ni qué materiales tóxicos contenían ni en qué cantidades", denuncia Zhuang Tao, empleado en la petrolera china Sinopec.
En China se han multiplicado en los últimos años las protestas vecinales multitudinarias contra fábricas contaminantes o cualquier instalación que pueda suponer un peligro contra la salud y en muchos casos han conseguido la paralización del proyecto.
"Queremos una indemnización de los dos responsables: la compañía que almacenaba los productos y el Puerto de Tianjin por no hacer cumplir la ley", añade.
