"Es repudiable que se haya declarado en rebeldía para no acatar lo dictaminado por la justicia", señaló el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, en declaraciones a La Tercera.
"Un prófugo de esta naturaleza representa un peligro para la sociedad. El Gobierno perseguirá incansablemente a quienes se autodenominen "prófugos de la justicia", pues el cumplimiento del Estado de derecho no es optativo", agregó el viceministro.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, también se mostró preocupada ante "la posibilidad de estar frente a una decisión organizada de evadir las condenas".
"La justicia puede ser tardía, pero hay un tema más profundo que tiene que ver con que si esto responde a una política de no enfrentar ni acatar las resoluciones judiciales. Además, nos hace dudar de cuáles son los círculos de protección en torno a esas decisiones", dijo Pizarro en declaraciones recogidas por La Tercera.
De los 14 sentenciados, 11 chilenos y 3 uruguayos, el mayor retirado Silva Valdés fue el único considerado ejecutor del asesinato de Berríos, cometido en territorio uruguayo.
Integrante de los escuadrones del Centro Nacional de Informaciones, el militar encabezó a inicios de los años 90 varias operaciones para sacar de Chile a agentes represores del régimen de Pinochet (1973-1990), ante la inminencia de que fueran interrogados por la justicia.
Por el secuestro y asesinato de Berríos fue condenado también el general retirado Hernán Ramírez Rurange, quien se suicidó de un disparo en su casa luego de conocer la sentencia.
Los demás convictos recibieron penas de 10 o de cinco años por diversos grados de responsabilidad en el secuestro de Berríos y en la asociación ilícita para cometer los delitos.
El lunes se entregó a la justicia otro de los condenados, Jaime Torres Gacitúa, tras permanecer prófugo por cinco días.
Lo que reveló el caso Berríos
El crimen de Berríos se produjo en democracia y provocó un gran escándalo porque reveló que prevalecía la cooperación entre aparatos militares de Chile y Uruguay implementados durante las dictaduras de los años 70.
El cadáver del exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile apareció enterrado en una playa de Uruguay en abril de 1995, y su muerte está estimada entre noviembre de 1992 y marzo de 1993.
Berríos, notorio por su labor en la fabricación de gas sarín, estaba al tanto de varios delitos en los que incluso podía estar implicado el propio Pinochet, según el investigador Jorge Molina Sanhueza en su libro "Crimen imperfecto".
Luego de un pasaje por Argentina, Berríos se instaló en Uruguay, donde contaba con protección de militares uruguayos, hasta que en algún momento de 1992 se rompió la relación con sus protectores, que pasaron a ser captores.
Luego de un confuso episodio en el que Berríos pidió protección en una estación de policía de un balneario de Uruguay, de donde fue sacado por un grupo de militares uruguayos y chilenos, su rastro se perdió hasta el hallazgo de su cadáver en 1995.
