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Abogado británico denuncia las nuevas medidas de Cameron en inmigración

© AFP 2023 / Philippe HuguenLos refugiados en Calais
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Las últimas propuestas del Gobierno de David Cameron llevarán a la "explotación" de los inmigrantes que consigan cruzar el canal de la Mancha hasta Reino Unido, según denunció a Sputnik Novosti el abogado británico Usman Sheikh.

El director de Ansar, despacho londinense especializado en inmigración, alerta que el nuevo plan de la administración conservadora es una "respuesta a los titulares negativos" sobre los refugiados concentrados en la villa francesa de Calais, que viene publicando un sector de la prensa de Reino Unido a lo largo del verano.

"No es una política coherente de control de inmigración, sino una política de explotación de migrantes", protestó el abogado en una entrevista con este diario.

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Precisamente, la ministra del Interior, Theresa May, se desplazará este jueves a Calais para ultimar con su homólogo francés, Bernard Cazeneuve, una estrategia conjunta orientada a paliar los problemas derivados de la concentración en la localidad costera de hasta 5.000 refugiados.

La mayoría procede de Eritrea, Somalia, Siria y otros países azotados por la represión o el conflicto armado, y buscan la oportunidad de cruzar el canal para solicitar asilo en Reino Unido o vivir en la clandestinidad.

Sheikh advierte, sin embargo, de que estos refugiados no son "representativos" de los migrantes irregulares que residen en Londres y otras ciudades británicas.

"Pero al Gobierno le preocupa la mala publicidad y la percepción de que la migración está fuera de control. Quiere pretender que está haciendo todo lo posible para atajar la cuestión y ha anunciado ideas realmente malas", denunció el experto letrado.

Los datos oficiales aportan otra realidad. Reino Unido recibió 240.380 solicitudes de asilo en los diez años hasta 2013 y la migración neta fue de 318.000 en 2014. Alemania cursará más de 600.000 peticiones de refugiados únicamente en 2015, según estimación difundida este miércoles.

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Un estudio académico calculó el número de irregulares en las islas británicas en un baremo medio de 618.000 individuos, con el 70 por ciento de los mismos residentes en la capital. El informe se realizó en 2009 por encargo del alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson, quien aboga por una amnistía para los indocumentados que llevan más de cinco años asentados en Reino Unido.

"Las políticas de inmigración de Cameron son muy negativas y rara vez se habla en tono positivo de las aportaciones de los inmigrantes, solo se difunde la percepción de que es un problema", criticó Sheikh, licenciado en la Universidad de Cambridge y con seis años ejerciendo de abogado especializado en la materia.

De acuerdo con las últimas propuestas gubernamentales, los caseros tendrán la obligación de echar de sus residencias en alquiler a los inquilinos sin permiso de residencia en Reino Unido. En algunos casos se pretende, además, que el desalojo sea efectivo sin la orden judicial necesaria en la actualidad.

"Esta imposición probablemente causará un incremento de la discriminación racial y los caseros tendrán enormes dificultades para gestionarla, porque la ley de inmigración es muy complicada y no es tan sencillo deducir si un inquilino tiene o no tiene derecho a residir en Reino Unido", resaltó el director de Ansar.

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Sheikh considera "injusto" la responsabilidad volcada en los propietarios o agentes de pisos en arrendamiento, que en la práctica se verán forzados a "trabajar para el gobierno comprobando el estatus de inmigración" de sus inquilinos.

Interior ha prometido informar a los caseros de la identidad de sus arrendados cuyo plazo de residencia haya expirado, cuando quizá sea más práctico pasar los datos a los agentes de fronteras para que procedan a su expulsión del país.

"Para el Gobierno es otra medida más enfocada a dificultar la vida de los inmigrantes. Forma parte de su propósito de disuadir a otros a venir a Reino Unido y demostrar al público que está haciendo algo para controlar la migración", explicó el abogado.

Según Sheikh, esta y otras restrictivas medidas respecto al trabajo, al acceso a la sanidad pública o una cuenta bancaria no frenarán la llegada de refugiados y migrantes, pero conducirán a su explotación y vulnerabilidad.

"El problema es que estas propuestas permiten a la gente vivir ilegalmente en Reino Unido. Se les echa de una casa pero no se les expulsa del país.

Tendrán que vivir en algún sitio bajo ninguna protección legal y sin recurso a la policía ni a la Justicia. Quedarán en una situación tremendamente vulnerable", denunció el patrón de Ansar.

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