Según el Ejecutivo español, esta norma vulnera el derecho que los españoles tienen a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, primando a los que ya cuentan con destino en Cataluña.
El presidente catalán, Artur Mas, ya avanzó recientemente que la "tarea clave" del próximo Ejecutivo independentista que salga de las urnas el próximo 27 de septiembre será la de crear las estructuras del Estado que tendrán que sustituir a las españolas, entre ellas se encuentra La Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el Banco Central catalán.
El Pleno resolvió también la suspensión automática de la vigencia y aplicación de las disposiciones y actuaciones impugnadas, ya que su resolución establece que "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas".
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.
