"No podemos retrasar y dilatar más la expedición de unas normas claras", declaró el vicepresidente a Germán Vargas Lleras a los medios del país.
Es "muy conveniente regular y reglamentar el tema", y "contribuir a que se haga en el menor tiempo posible" con el fin de proteger a los usuarios, agregó.
El Gobierno de Juan Manuel Santos procura agilizar la reglamentación de la firma tecnológica, cuya aplicación conecta a pasajeros con conductores de vehículos particulares.
Durante la noche del miércoles, Vargas Lleras se reunió con los titulares y funcionarios del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y de la Superintendecia de Puertos y Transporte, así como con representantes de otras dependencias relacionadas con el sector para abordar el asunto.
Finalmente, el bloqueo se disolvió hacia las 4:00 de la mañana (9:00 GMT), tras el cual los taxistas desarrollaron un "plan tortuga" (conducción en marcha lenta) para continuar con la protesta.
Según los taxistas, Uber es un "servicio ilegal", por lo cual no puede ser regulado.
"Si Uber fuera una competencia leal los estaría llamando para decirles que vamos a trabajar de la mano y en igualdad de condiciones, pero las aplicaciones no lo están haciendo así", había señalado el martes a Sputnik Nóvosti el empresario Uldarico Peña, propietario de 60.000 taxis y uno de los principales voceros del sector.
Esta semana el vicepresidente mantendrá diversas reuniones para intentar lograr un acuerdo y presentar un documento al presidente Santos.
El objetivo del Gobierno es que no se vuelvan a presentar hechos de violencia entre taxistas, choferes particulares y usuarios de Uber.
La aplicación está operativa en Colombia desde noviembre de 2013 y cuenta con 150.000 usuarios en las ciudades de Bogotá (centro), Cali (suroeste), Medellín (centro) y Barranquilla (norte).
Uber conecta a una red de 15.000 conductores particulares, que ponen a disposición su vehículo propio como medio de transporte