"EEUU no tiene moral para hablar, primeramente que controle a sus drogadictos en su país", afirmó tajante este jueves el jefe de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en el Senado, Pedro Montes, según informa un boletín de prensa de la cámara alta.
"¿Qué moral tiene para observar a otros países o a Bolivia?", añadió.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno señaló en un comunicado el miércoles que "rechaza con la fuerza de la verdad este nuevo intento de la expulsada DEA de desprestigiar los éxitos de Bolivia en su lucha contra las drogas, que son reconocidos internacionalmente".
Entre los que habrían sido investigados por la DEA se encuentran Raúl García, padre del vicepresidente Álvaro García Linera, Walter Álvarez Agramonte, piloto del avión oficial del presidente Morales, y Faustino Giménez, ciudadano argentino que trabaja para el Gobierno en minería.
La supuesta investigación salió a la luz a través de un amplio informe publicado el martes por el portal de noticias estadounidense The Huffington Post, en base a revelaciones hechas por el colombiano Carlos Toro, exinformante de la DEA.
Toro, exmiembro del Cartel de Medellín que obtuvo el "perdón" de la Justicia de EEUU, habría hecho estas denuncias en el marco de una demanda que presentó contra el Gobierno federal estadounidense exigiendo una compensación de cinco millones de dólares por haber colaborado durante 25 años con la DEA.
Mientras, el consejero para Asuntos Públicos de la embajada de EEUU en Bolivia, Chase Beamer, recordó en declaraciones al periódico La Razón que la agencia antidrogas ya no opera en territorio boliviano.
"Deseamos recordar que la DEA no trabaja en Bolivia desde 2009, y desde entonces no realiza ninguna actividad en el país", subrayó el diplomático.
Respecto a las supuestas investigaciones, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que no existe ningún informe oficial al respecto, y señaló que por ahora la información solo se basa en las denuncias hechas por Toro.
En 2008, el Gobierno de Morales expulsó del país a la DEA y al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg acusándolos de injerencia.