"Los militares y las Fuerzas Armadas en general están ejerciendo mucha presión; es bien sabido que sectores del Gobierno, principalmente el ministro del Interior (Jorge Burgos) y la misma presidenta (Michelle Bachelet) sienten una gran simpatía hacia el mundo militar", sostuvo Cruz, jurista especializado en derechos humanos.
"Llama la atención que el Gobierno no sea capaz de darnos una información precisa y clara; simplemente lo ha esquivado", agregó.
La presidenta Bachelet "se comprometió" a cerrar Punta Peuco en este mes de septiembre en una reunión que mantuvo en julio con una víctima de la dictadura, Carmen Gloria Quintana, quemada viva en 1986 por una patrulla militar durante una protesta contra el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) junto al fotógrafo Rodrigo Rojas, fallecido por las graves heridas que sufrió.
Fue Quintana quien mencionó este supuesto compromiso a los medios de comunicación, si bien la mandataria no se refirió públicamente al asunto.
Poco después, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que el cierre de Punta Peuco era una "decisión que se encuentra en evaluación permanente por parte del Gobierno".
"Yo desconozco la conversación específica; no estuve en la reunión, pero está en evaluación permanente", aclaró Díaz a la prensa local.
Por su parte, el jefe del ejército, Humberto Oviedo, dijo la semana pasada que el cierre de Punta Peuco no es necesario pues se trata de "un penal como otros", informó la prensa chilena.
DECISIÓN POLÍTICA
Para el abogado Cruz el cierre de la prisión es una decisión política y prueba de ello "es que Sebastián Piñera (predecesor de Bachelet) cuando dejó su cargo cerró el penal Cordillera", que albergaba a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Los reclusos del penal Cordillera fueron enviados a Punta Peuco en septiembre de 2013.
"Si pudo cerrarlo un Gobierno de derechas (como el de Piñera) no entendemos por qué este (de centroizquierda) no lo hace con Punta Peuco", agregó Cruz a Sputnik Nóvosti.
Mantener abierta esta cárcel significa "la instauración y la continuidad de la desigualdad", en especial para las víctimas de la dictadura y los familiares de muertos y desaparecidos, apuntó Cruz.
PRIVILEGIOS
Las condiciones de reclusión de Punta Peuco nada tienen que ver con las de otras cárceles, sostuvo este experto, puesto que "cuenta con áreas exclusivas para ellos y sus familias, posibilidad de hacer asados, sistemas de comunicación con el exterior y máquinas de ejercicio", en definitiva, "facilidades de las que carece el resto de la población penal".
"Están en unas condiciones bastante benevolentes. Algunos canales de televisión han hecho reportajes sobre el lugar y también han acudido grupos de parlamentarios y todos dan cuenta de la gran flexibilidad que tienen los internos", agregó.
Unas 100 personas están recluidas en Punta Peuco, estimó Cruz, y los internos "no son solo violadores de derechos humanos", sino que también hay "algunos funcionarios de la policía civil que han sido condenados por actos de corrupción" en los últimos años y que, por tanto, "nada tienen que ver con la dictadura".
En opinión de Cruz, no supondría ningún problema que los reos de Punta Peuco fueran trasladados a una cárcel común, puesto que ya sucedió con César Palma Ramírez, "agente del grupo de extrema derecha Patria y Libertad que fue condenado por crímenes en la dictadura".
Palma Ramírez está recluido en una prisión en Puerto Montt, sur del país, "y no ha habido ningún problema con él".
"Hoy en día la Gendarmería (fuerza responsable del sistema carcelario) tiene los mecanismos necesarios para mantenerlos segregados en condiciones que no sean de privilegio", precisó Cruz.
El penal de Punta Peuco fue abierto en 1995 para que el brigadier Pedro Espinoza y el ahora fallecido general Manuel Contreras, uno de los criminales más notorios de la dictadura chilena, cumplieran sus penas por el asesinato en 1976 del excanciller y ministro de Defensa, Orlando Letelier.
