"Según las últimas estimaciones técnicas, el volumen total de solución asociada con la fuga ha sido estimado en 1.072 metros cúbicos", indicó la empresa.
Eso equivale a 1.072.000 litros de sustancia tóxica, cinco veces más de lo que admitió la empresa en su informe preliminar del 16 de septiembre, cuando afirmó que la fuga había sido de 224.000 litros.
"No nos sorprende, porque el nuestro es un caso visible por la cantidad de cianuro derramado, pero no será ni el primero ni el último", denunció a Sputnik Ana Valeria Ruiz, de la Asamblea Jáchal No Se Toca que defiende a los damnificados.
"Cuando nos enteramos del derrame, fue por la alerta de trabajadores de la misma empresa que alertaron a las familias que viven en Jáchal. Si no hubiera sido por eso, este hecho no habría sido conocido", denunció Ruiz.
Dos fiscales federales de Argentina, Ramiro González y Federico Delgado, investigan desde esta semana la responsabilidad de los funcionarios del Gobierno nacional y provincial. Además hay tres denuncias penales y tres recursos de amparos contra Barrick por el daño ambiental que ha ocasionado en la zona.
La empresa confirmó que el líquido tóxico "llegó a uno de los canales de desvío de aguas (denominado Canal Norte), que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia".
"Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando", añade ek comunicado de Barrick.
El Concejo Deliberante de Jáchal declaró desde la semana pasada la emergencia ambiental y social del departamento de Jáchal.
"Nunca hubo intenciones de informar ni de crear un sistema de prevención para el pueblo de Jáchal. Sin la presión de la gente para reclamar a los funcionarios, y para realizar acciones legales y amparos, todo se hubiera ocultado, porque es la manera en que se maneja esta empresa y el Gobierno provincial de José Luis Gioja", indicó la asambleísta.
Dos fiscales federales de Argentina, Ramiro González y Federico Delgado, investigan desde esta semana la responsabilidad de los funcionarios del Gobierno nacional y provincial. Además hay tres denuncias penales y tres recursos de amparos contra Barrick por el daño ambiental que ha ocasionado en la zona.