Las incógnitas sobre el proceso de paz en Colombia

Parecía imposible. El Gobierno de Bogotá y la guerrilla más antigua de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC), han pactado el quinto punto de un complejo acuerdo de paz destinado a poner punto final a un sangriento conflicto armado que se ha prolongado medio siglo y ha dejado 300.000 muertos. Pero el pacto plantea una serie de interrogantes, algunas de ellas sin solución aún. Como dice el refrán, el diablo está en los detalles.

El trato fue anunciado con entusiasmo el pasado 23 de septiembre en La Habana, donde se desarrollan las herméticas negociaciones. Allí estaban el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, en presencia del dirigente cubano, Raúl Castro. Todos de blanco. Guayaberas y camisas impolutas. Raúl, el más satisfecho, en el centro, repitiendo la puesta en escena de los Acuerdos de Camp David de 1978 que fraguó la paz entre Egipto e Israel.

El documento presentado prevé la creación de una "Jurisdicción Especial para la Paz", cuya función será "obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones". Este inédito mecanismo judicial de carácter transitorio estará formado por 35 jueces, divididos en siete salas y un tribunal. El 80% de los magistrados será colombiano y el resto, extranjero, elegido por una comisión de selección acordada entre las dos partes. Al tribunal llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarán siempre en una sentencia.

Esta Jurisdicción Especial para la Paz será competente para enjuiciar y sentenciar a todos los actores implicados "de manera directa o indirecta", es decir, guerrilleros en activo o desmovilizados, militares, paramilitares, policías y civiles.

Se plantearán tres tipos de penas, dependiendo del grado de colaboración: aquellas aplicables a quienes reconozcan su responsabilidad de forma temprana, aquellas aplicables a quienes lo hagan "de forma tardía" y aquellas aplicables a quienes se nieguen a hacerlo. Surge una primera duda: ¿qué se entiende por confesar "de forma tardía"'? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? El tiempo no es una cuestión nada baladí pues la diferencia entre responsabilizarse a tiempo o no agravará muchísimo la sentencia. El comunicado no desvela esta incógnita.

En cualquier caso, quienes admitan cuanto antes delitos "muy graves" pasarán entre cinco y ocho años de "restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales". ¿Qué significa eso? Que no podrán salir de la zona donde hayan cometido sus crímenes mientras cumplan sus labores de reparación a las víctimas. ¿De qué labores estamos hablando? De sustituir cultivos de coca, ayudar en operaciones de desminado, construir escuelas en zonas afectadas o garantizar el retorno de los desplazados por el conflicto, tareas estas que tendrán que ser siempre consensuadas entre víctima y victimario. No queda claro, sin embargo, cómo se verificará el cumplimiento de esa restricción de libertad, ni tampoco si los sentenciados perderán el derecho a ser elegidos en unas elecciones.

Si el acusado llega tarde a la hora de confesar se enfrentará a una pena de cárcel que oscilará entre los cinco y los ocho años. Si no admite su culpa y es hallado culpable por el tribunal, será condenado a un máximo de 20 años de prisión.

¿Qué se entiende por delitos "muy graves"? Según la letra del acuerdo, los "de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual". Todos estos delitos quedarán excluidos de una amnistía promovida por el Gobierno cuando terminen "las hostilidades". La amnistía será "lo más amplia posible por delitos políticos y conexos", lo que afectaría a 15.000 guerrilleros, según las estimaciones de la Procuraduría General colombiana. Pero, ¿qué entendemos por "delitos políticos"? El comunicado conjunto del Gobierno colombiano y de las FARC no entra en ese detalle, pero podemos presuponer que delitos políticos son aquellos que cometen personas o grupos que se levantan contra un Estado, por ejemplo, aquellos que atentan contra el régimen constitucional: rebelión, sedición y asonada.

¿Será el narcotráfico un crimen conexo? El Gobierno no quiere que así sea, pues considera que carece de relación con la rebelión y no permitirá que se "cuele" en el proceso de amnistía. Pero ¿cómo lo hará? ¿cómo lo evitará? El delito de narcotráfico, tan extendido en ciertos departamentos (provincias), podría ser objeto de indulto si se comprueba que fue usado por la guerrilla como negocio para financiar su lucha. En definitiva, se va a abrir un arduo y lento proceso judicial que debe luchar contra la impunidad.

¿Y ahora qué? Todavía restan por cerrar dos puntos esenciales de la agenda, el tercero que habla del "fin del conflicto", y el sexto que se ocupa de la "implementación, verificación y refrendación" del acuerdo. En estos tres años de negociaciones se ha avanzado en los otros cuatro: "la política de desarrollo agrario integral", es decir, la reforma agraria; "la participación política" de los guerrilleros, es decir, su facultad para ser elegidos en elecciones; "la solución al problema de las drogas ilícitas", eufemismo de tráfico de estupefacientes; y el más reciente que se ocupa de las "víctimas".

El fin del conflicto incluye un alto el fuego bilateral y definitivo, así como la "dejación de armas", o sea, el desarme; también recoge la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil en el aspecto económico, social y político, en otras palabras, su reinserción. Tampoco queda en el olvido las "garantías de seguridad". Vuelven las dudas. ¿Cómo se realizará el desarme? ¿Será público y transparente? El término "dejación" induce a error ya que implica abandono y no entrega como piden los estamentos militares. Una idea que se baraja es que los guerrilleros concentren las armas en diferentes zonas del país, las cuales contarían con verificación internacional. ¿Qué medidas de seguridad se ofrecerán a quienes abandonen/entreguen sus fusiles de asalto? Esta pregunta es vital pues no deja de rondar el recuerdo del asesinato a manos de paramilitares de más de 1.500 militantes de la Unión Patriótica, un partido que surgió de las fallidas negociaciones de paz en 1984.

También se vislumbran otros obstáculos. El Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de reforma constitucional que daría al presidente Juan Manuel Santos facultades extraordinarias durante un periodo máximo de 180 días para redactar las leyes y los cambios legales necesarios tras la firma del acuerdo de paz. Falta incluso por definir el mecanismo —¿será un referéndum?— que se utilizará para que los colombianos digan sí o no a lo suscrito y los instrumentos jurídicos que permita ponerlo en práctica. Santos se enfrenta a quienes no quieren negociar con los guerrilleros, una oposición que tiene a su máximo exponente en el expresidente Álvaro Uribe, partidario de la mano dura y la solución militar.

Los dos bandos tienen seis meses de plazo. El acuerdo final debe quedar sellado no más tarde del 23 de marzo de 2016 ¿Por qué? Porque el ambiente negociador no se debe enfriar. El camino restante va a ser duro y angosto, pero merece la pena andarlo. Raúl Castro dio en la diana: "La paz en Colombia no sólo es posible, es indispensable. Aún quedan dificultades enormes de superar. Tenemos la certeza de que serán vencidas".

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LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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