En el país latinoamericano existe un "patrón de ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento", dice Brewer, responsable del área internacional del jesuita Centro de DDHH Agustín Pro, quien esta semana participó en la audiencia sobre México ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) en Washington.
De tal manera que por cada militar o elemento caído de la Marina, el cuerpo de vanguardia en las operaciones antidroga, mueren aproximadamente 20 civiles, de acuerdo con las cifras del organismo creado por la católica Compañía de Jesús, que defiende a víctimas de masacres emblemáticas como Ayotzinapa y Tlatlaya.
Unos 4.000 civiles fueron privados de la vida por el Ejército en "enfrentamientos", según cifras proporcionadas por las dependencias involucradas, de 2007 a mediados de 2014.
"En realidad, muchos de estos casos constituyen o incluyen ejecuciones extrajudiciales, por los testimonios de testigos, de la comunidad, por fotos tomadas antes de que las fuerzas de seguridad terminen de alterar la escena del crimen", revela la abogada humanitaria que asesora a las víctimas que acuden ante la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Métodos que van desde la "siembra de armas" a cadáveres, hasta peritajes –si acaso se llegan a realizar–, han probado que "en una larga serie de casos, en los últimos años, las fuerzas tanto civiles como militares están privando de la vida a civiles sin justificación, incluyendo a civiles inocentes, a niños y niñas", afirma la jurista.
Durante el último año, el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales ha recibido atención nacional e internacional por casos emblemáticos (como los combates sangrientos en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Calera); "estos encuadran en un patrón que hemos venido documentando por años y que se hace especialmente evidente a partir de la militarización de la seguridad pública hace casi una década", sostiene Brewer.
Por esa razón, una red de organismos defensores de víctimas solicitaron a la CIDH una "audiencia temática" a la CIDH, para exponer esta práctica y exigir que el Estado mexicano "acelere la transición de un modelo de combate frontal y militarización, hacia un modelo de seguridad ciudadana".
Las cuentas del Estado
En la audiencia ante CIDH "planteamos que el Estado no puede exigir a las comunidades afectadas por la violencia que escojan entre ser atacadas por el crimen o ser atacadas por las fuerzas de seguridad del propio Estado; tiene que implementar un modelo que brinde seguridad sin provocar la muerte arbitraria de tantas personas", expuso.
El análisis estadístico como herramienta para medir las ejecuciones, comparando cifras de personas fallecidas y heridas, civiles y agentes del Estado, se desarrolló mucho en años pasados, incluyendo en el contexto de las ejecuciones en comunidades marginadas de Brasil.
"Ese análisis aplicado en México nos dice que cuando la cantidad de personas muertas es mayor que la cantidad de personas heridas, es un indicio del uso excesivo de la fuerza", advierte la responsable de organismo jesuita.
El método para medir la letalidad de las acciones de las fuerzas del Estado indica que, cuando el número de civiles fallecidos es mucho mayor que el número de agentes estatales fallecidos –digamos, 10 veces mayor o más–, esa cifra, sin más, apunta hacia la privación arbitraria de la vida, explica.
En México, de 2007-2014, por cada elemento militar fallecido, perdieron la vida 19 civiles; la proporción en el caso de la Marina, entre 2012-2014, es por lo menos de 21 civiles a 1 un marino, según las cifras oficiales.
"Pero esa relación podría ser mucho mayor, ya que los datos que proporciona (esa fuerza federal) son contradictorios: cuando se desglosa los datos por mes, apuntarían a un índice de 64 civiles muertos por cada elemento de la Marina fallecido", ilustra.
Además, comparado con el número de civiles muertos, el número de civiles heridos es relativamente bajo: en el actual gobierno de Enrique Peña la Policía Federal llegó a un nivel de más de 20 civiles muertos por cada civil herido, en el contexto de los enfrentamientos contra el crimen organizado.
A pesar de todo eso, al comparecer ante la CIDH en Washington y aceptar las visitas abiertas al país, México "es un ejemplo a seguir en las Américas; pero si el Gobierno va a rechazar sin fundamento las conclusiones, o si no cumple las recomendaciones clave, está desaprovechando la oportunidad de ir al fondo del problema", puntualiza Brewer.
