RT, indignado por la petición de confiscar los bienes del canal en EEUU

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La redactora jefa de Rossiya Segodnya y de RT, Margarita Simonyán, expresó su indignación por las llamadas a confiscar los bienes de la cadena rusa en EEUU.

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Anteriormente, el diario The Washington Post publicó un artículo del director para derechos humanos y democracia del Instituto del Liderazgo Internacional McCain, David J. Kramer, ex secretario de Estado adjunto. En su material, Kramer llamó a "congelar los activos de RT (…) según dos resoluciones judiciales, emitidas contra el Gobierno de Rusia por el caso de la compañía petrolera Yukos".

"Estamos indignados por el llamamiento del exfuncionario de EEUU y exigimos a la edición el derecho a responder", declaró Simonyán.

Además, recalcó que "toda la histeria de Washington es parte de una campaña a gran escala contra RT que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo".

"El Consejo Gubernamental de Radiodifusión de EEUU nos comparó con el Estado Islámico y exigió reconocer como 'agente extranjero', pero la declaración del ex secretario de Estado adjunto en las páginas de The Washington Post escandaliza", recalcó.

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Según Simonyán, la petición de Kramer carece de argumentos jurídicos.

En su artículo Kramer indicó además que el "arresto de la propiedad de la embajada y el consulado rusos en Washington o en cualquier otro lugar es imposible por la inmunidad de las misiones diplomáticas", por eso, subrayó, "quedan pocas posibilidades de pretender a los bienes rusos lo que convierte a (los activos) de RT en un objetivo atractivo".

Señaló también que el cumplimiento de las resoluciones del caso de Yukos haría funcionar la ley y fortalecería el respeto de la propiedad privada" y la confiscación de los activos de RT es una "medida para iniciar este proceso".

Anteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obligó a Rusia a pagar a los accionistas de Yukos unos 1.900 millones de euros por violar el derecho a la protección judicial y a un juicio imparcial.

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En junio, Bélgica y Francia embargaron lo que consideraban bienes del Gobierno ruso en su territorio por una demanda que presentó un grupo de antiguos accionistas de Yukos.

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dictaminó el 18 de julio de 2014 que Rusia debía pagar una compensación de 50.000 millones de dólares a los tres querellantes: las compañías Hulley Enterprises, Yukos Universal Limited y Veteran Petroleum Ltd.

En 2003, las autoridades rusas imputaron evasión fiscal y otros delitos económicos a los dueños de la entonces mayor petrolera del país, entre ellos el magnate Mijaíl Jodorkovski.

Posteriormente Yukos se declaró en quiebra y sus activos fueron adquiridos por la empresa pública Rosneft.

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