"El asalto al Palacio de Justicia en Bogotá conmovió a todo el continente"

El asalto al Palacio por el Ejército culminó con la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema, cerca de cien víctimas entre funcionarios, empleados, militares y guerrilleros y la desaparición de once personas, siete de las cuales siguen sin ser identificadas, pero treinta años después, solo hay dos condenados por estos hechos.

“La toma del Palacio todavía tiene un gran impacto, por las consecuencias que tuvo para la población, la falta de investigación y de castigo para los responsables. Esta es una asignatura pendiente para el pueblo colombiano. Es necesario investigar, el Estado tiene que reparar a las víctimas, porque no fue un observador sino un protagonista”, señaló el Nobel de la Paz.

“Colombia es un país sujeto a la violencia desde hace largas décadas y recién ahora esta tratando de salir de esa violencia con los tratado de paz que se están negociando entre las FARC y el gobierno. Yo he presidido el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá, he estudiado mucho la situación colombiana. Esperemos que los tratados de paz puedan resolver cosas como el desplazamiento de seis millones de personas, la mayoría campesinos, y ver de qué manera van a retornar a sus tierras, cuando muchas de ellas se entregaron a empresas transnacionales. Hay una violencia estructural, pero también hay una violencia social, y tienen que resolver cómo superar esa violencia para volver a la convivencia”, señala.

Para Pérez Esquivel, el caso del Palacio de Justicia es uno de los emergentes de esa violencia que han impactado en la comunidad internacional, “pero vemos la violación de los derechos humanos, el narcotráfico, y si bien los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC son un paso muy importante que hay que fortalecer, no resuelven el problema central: qué va a pasar con los grupos parapoliciales y paramilitares, para desmontar toda esa estructura violenta que permanece en Colombia. Esto va a llevar un tiempo para poder avanzar”.

Tema: Proceso de paz en Colombia

También está el problema de los pueblos indígenas como los del departamento del Cauca, donde les quitan los territorios para entregarlos a las empresas y hay una fuerte resistencia, agrega Pérez Esquivel. “Los pueblos tienen que tener memoria y pensar qué pasó en el Palacio de Justicia, pero hay que ver lo que está pasando hasta el día de hoy”, concluye.

El periodista y analista uruguayo Esteban Valenti era, en 1985, director de la agencia internacional de noticias Inter Press Service con sede en Montevideo, y recuerda muy bien ese día. “La toma produjo un impacto muy grande. La protagonizó el M19, que después fue el primer movimiento guerrillero en desmilitarizarse, en pasar a la vida política normal. Fue la operación de propaganda armada de mayor impacto de una guerrilla en América Latina. Lo del Palacio de Justicia fue la expresión de una táctica fallida, y de la brutalidad del Estado. Era una época donde todavía había dictaduras en el continente, en una etapa de la historia donde convivían grupos armados de izquierda y de derecha.

Por suerte, y por la capacidad que han tenido las fuerzas democráticas de América Latina, esos procesos han ido cambiando radicalmente y lo único que queda (de violencia en el continente) es Colombia”.

“En aquella época, esos acontecimientos formaban parte del escenario brutal de todo el continente. Viendo las cosas treinta años después, podemos ver cuánto ha cambiado América Latina en todo sentido. La expectativa de América Latina es que se concrete la paz en Colombia, que la guerra de guerrillas, el enfrentamiento interno mas largo del mundo, termine”, agrega.

El abogado socialista uruguayo José Díaz, presidente de la Fundación Vivián Trías y ex ministro del Interior del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), era en ese momento diputado y recuerda el hecho con precisión. En Uruguay hacía poco había terminado la dictadura militar y habían sido liberados los prisioneros politicos mantenidos durante trece años en las cárceles. “A mí me tocó muy de cerca por ser abogado, y por haber sido funcionario del poder judicial, por lo que tengo un gran apego por ese poder de Estado. Lo ocurrido en Colombia con ese brutal acto nos llenó de angustia, con esa brutal represión, no entendíamos por qué ocurrían esas cosas en un país hermano, que se ha convertido en el país de mayor violencia de América del Sur. El afán es que esto no vuelva a suceder, que no haya más dictaduras, no más violencia, no más genocidio. Lamentablemente, todavía estamos viviendo actos de barbarie”.

A contramano de lo que sucedía en 1985, cuando el sur del continente salía del cono de sombras de las dictaduras militares, se aceleraba la violencia en Colombia, al punto que, de las 218.000 víctimas del conflicto armado –según el Centro de Memoria Histórica–, cerca del 85 por ciento ocurrieron después de ese año, que es tomado como referente para reparar a las víctimas, según consigna la revista Semana.

En noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado colombiano era responsable por los desaparecidos del Palacio de Justicia y por las torturas que sufrieron varias personas. Con base en esa sentencia, la Fiscalía abrió un proceso a 14 militares en retiro, entre ellos cuatro generales,  pero treinta años después, la justicia sigue sin llegar, para uno de los casos más aberrantes de la historia reciente continental.