"Es lógico suponer que si esa libertad se da, será condicionada, pero parte del dilema es en qué condiciones de verdad, justicia y reparación y no repetición se dan esas liberaciones", dijo el politólogo Juan Fernando Giraldo.
"Existe una lista de 81 prisioneros de las FARC en delicado estado de salud, de los cuales once son de extremo cuidado. Estos prisioneros deben recobrar su libertad en consideración a que su estado de salud es incompatible con las condiciones precarias en que viven en las cárceles", indicó en un comunicado el Secretariado de las FARC, máximo órgano de los insurgentes, el pasado domingo.
Según las FARC, los presos conviven con la "reiterada y sistemática práctica de no prestar los servicios de atención médica a enfermos graves y terminales", y por ello el derecho a la vida e integridad física de los insurgentes presos "están en gravísimo riesgo".
Un gesto humanitario
Para el abogado constitucionalista Alfredo Beltrán, las medidas en favor de los guerrilleros que serían un "mínimo gesto humanitario".
"Si esto es así (que los presos estén enfermos), ese sólo hecho puede ser una causal para que el Estado, en forma legítima, les conceda a esos prisioneros por lo menos una libertad condicional para que se pueda atender a su salud", señaló Beltrán, quien considera que en caso de negativa del Gobierno, las FARC podrían recurrir a instancias internacionales.
Este tipo de peticiones y comunicados entre el Gobierno y la guerrilla buscan una especie de "presión mutua" que permita alcanzar acuerdos previos al cese al fuego bilateral, pero en el marco de un compromiso de desescalamiento del conflicto, añadió por su parte Giraldo.
"La diferencia estriba en que mientras las FARC piden que liberen a sus hombres enfermos, el Gobierno tiene un afán diferente, y es que se logren consensos en el menor tiempo posible", explica en politólogo.
El Gobierno colombiano todavía no ha dado una respuesta oficial a la petición de la guerrilla.
Colombia tiene actualmente una población carcelaria de 156.924 personas. Según algunas ONG, de esa cantidad, 9.500 son presos políticos y de guerra, y aunque no se tiene un censo estimado sobre la población guerrillera que permanece tras las rejas, lo cierto es que cientos de excombatientes permanecen privados de la libertad por los delitos de rebelión y terrorismo, entre otros.
