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Juristas españoles exigen retirar la simbología de la dictadura franquista

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La Ley de la Memoria Histórica aprobada en España en 2007 ordena retirar la simbología que exalta al franquismo, dijeron hoy diversos juristas en la víspera del 40 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

"No entiendo cómo se puede mantener el nombre de calles y plazas en los que se exalta y se reconoce a la dictadura franquista contradiciendo, no solo el sentimiento, sino la legalidad vigente" porque "hay una Ley de la Memoria Histórica que dice que eso hay que eliminarlo" denunció este jueves el exjuez Baltasar Garzón ante periodistas de medios extranjeros, entre los que se encontraba Sputnik Nóvosti.

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El abogado opinó que los contrarios a retirar los símbolos se acogen a otros planteamientos como "establecer hasta donde hay que retirar la simbología que es historia de España".

"Lo que están haciendo algunos ayuntamientos es cumplir con la ley" recordó Garzón después de que el movimiento memorialista vuelva a estar en la agenda de muchos de los nuevos ayuntamientos de izquierda que llegaron con las elecciones del pasado mes de mayo.

El abogado Eduardo Ranz recordó, por su parte, que la simbología de exaltación del franquismo además de calles, plazas, placas o escudos también "incluye honores y reconocimientos que se solían dar a generales golpistas".

Pero los efectos jurídicos "terminan con la muerte, son de carácter vitalicios, por tanto los ayuntamientos además de retirar la simbología franquista deberían haber retirado también esos honores" de muchos militares que todavía los conservan a pesar de estar ya fallecidos.

Los ayuntamientos "sólo tienen dos obligaciones ante la simbología: elaborar un Catalogo de Vestigios, que de momento sólo ha hecho el País Vasco, y la retirada de los símbolos de la dictadura".

Aranz denunció que con su "inacción" los ayuntamientos "están retrasando el cumplimiento de la ley".

Tras 40 años de democracia, la herencia franquista "sigue estando encima de la mesa" se quejó el jurista.

Aranz también lamentó que la exhumación de cadáveres en las fosas comunes dependa de si el ayuntamiento es de izquierdas o de derechas.

"Todo es más fácil cuando gobiernan socialistas o políticos de Izquierda Unida", explicó.

Lo que hay que hacer "es una ley nacional" y no depender de si son terrenos públicos, privados o de la iglesia.

España, después de Camboya, es el país del mundo con mayor número de desaparecidos que permanecen en fosas comunes, a pesar de la reivindicación de sus familaires.

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