“Después de la llamada crisis humanitaria de migrantes revelada el año pasado (2014) por Obama, resultado de su propia política de deportaciones masivas en la zona fronteriza, hubo un acuerdo con el Gobierno del presidente (Enrique) Peña, para frenar los flujos en la frontera sur de México”, explica Rodolfo Casillas Ramírez, experimentado especialista en migraciones.
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El consultor de agencias internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para un diagnóstico sobre la Trata de Personas en el sureño Chiapas y la Ciudad de México, indica que el foco de Washington se ha trasladado así a los latinoamericanos que cruzan México, con apoyo federal.
“Mexico puso en marcha un operativo de contención migratoria desde el año pasado, inicialmente llamado Proyecto Leónidas, que después cambió al nombre de Plan Contención Frontera Sur y ahora se aplica solo con el titulo de Frontera Sur”, dice el autor de numerosos ensayos sobre el tema en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, FLACSO.
Con esos sucesivos cambios de nombres de sus operativos el Gobierno de Peña –que libra su propia batalla contra la delincuencia que trafica con drogas y personas–, busca eludir los cuestionamientos a la figura de un “tapón migratorio mexicano”, dice el investigador de un estudio sobre el impacto del crimen organizado en el tráfico de migrantes centroamericanos en México para la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).
La intención del masivo operativo en la frontera en los estados fronterizos con Centroamérica “es detener a los migrantes que usan las rutas del tren —apodado La Bestia, porque ha causado la muerte de muchos migrantes triturados- como medio para cruzar por México hacia EEUU”, relata el autor, quien participó en la elaboración de la primera base de datos sobre migración elaborada hace una década para la Comisión Nacional de DDHH (CNDH, Ombudsman federal).
“En este operativo lo que han hecho las autoridades de migración ha sido concentrar personal operativo de distintos Estados y otras autoridades para tratar de contenerlos entre el norte de Chiapas, parte de Oaxaca, una región de Tabasco y Veracruz”, dice el autor de obras basadas en testimonios recogidos en la cadena de albergues católicos en la llamada “Ruta del Migrante”.
Con ese fin, el gobierno federal “ha desplazado a agentes de estados circunvecinos y del centro país hacia la frontera sur, por esa razón las cifras de 2015 reflejan los resultados del Operativo Frontera Sur”.
En manos del crimen
Por otro lado, llama la intención sobre “lo que pasa en las carreteras por donde pasa la mayor cantidad de indocumentados hacia EEUU, que son las rutas más usuales donde son víctimas de los flagrantes traficantes más grandes, porque esos migrantes cuentan con otros recursos y no necesitan tomar el tren o caminar”.
Las mafias del crimen “siguen haciendo sus negocios, y miles de migrantes caen en manos de otro tipo de delincuencia”, que incluye delitos como el narcotráfico, la prostitución e incluso el tráfico de órganos.
“Con este modelo, una vez queda clara la prevalencia que otorgan los de los Estados a sus intereses comerciales sobre una agenda de DDHH, se vuelve simple retórica en determinados ámbitos y pasa a un segundo plano de las acciones humanitarias”, dice el experto en migración regional.
Pero más allá de los cuerdos de carácter comercial, “tanto EEUU como México y los estados de Centroamérica han asumido voluntariamente responsabilidades ante la comunidad internacional en la protección de sus ciudadanos”.
“EEUU no ha suscrito ni ratificado la mayor parte de instrumentos internacionales de DDHH, pero no está exento de responsabilidad”, dijo el investigador, quien incursionó como experto de la Comisión para Determinar la Condición de los Refugiados sudamericanos en el Ecuador.
Por lo tanto, el gobierno mexicano “debe rendir cuentas ante la comunidad internacional sobre la eficacia y las consecuencias de sus políticas migratorios bajo estándares internacionales de DDHH”, puntualizó el también exasesor sobre migrantes del cancillería ecuatoriana.
