La agenda pública mexicana de 2015 ha sido dominada por tragedias, como la masacre de Ayotzinapa, saldada con la desaparición de 43 estudiantes, cuyos cuerpos habrían sido calcinados y tirados a un río; escándalos de corrupción en la construcción de carreteras a favor de la española OHL; y las denuncias de tráfico de influencias, como el caso de la mansión de la primera dama, construida por un contratista del Gobierno.
"La verdadera urgencia de Peña al hacer este tipo de anuncios hace un año, ha sido lograr credibilidad y acabar con el estigma de corrupción por los casos de la llamada Casa Blanca de su esposa, el soborno de OHL a funcionarios, pero no ha pasado nada", dice Culebro poco antes de presentar a la prensa un balance del decálogo incumplido.
Por ejemplo, "una medida tan sencilla, que no sería tan costoso poner en marcha, como un teléfono para emergencias nacional, el 911, aún no existe: si usted llama hoy al 911 nadie le va contestar, porque no hay capacidad de coordinar a todas las instituciones para reacciones urgentes", lamenta la especialista, que ha ofrecido cursos para capacitar a mandos policiales en el respeto a los DDHH.
Un escándalo tras otro
El decálogo fue anunciado dos meses después de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, con un Gobierno acosado por multitudinarias movilizaciones en México y varias capitales de América Latina y Europa contra la impunidad, y visitas de organismos de DDHH de la OEA y la ONU.
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El 27 de noviembre de 2014, el presidente hizo un discurso solemne: reconoció que "no hay soluciones simples, ni caminos cortos (…) para mejorar la seguridad pública, la justicia y el Estado de Derecho en México".
Desde entonces, la ola de escándalos no cesa, ni bien se apaga un incendio cuando surge otro: este jueves se ha conocido la renuncia del subsecretario de Gobernación (Interior, federal) encargado de la cartera de Prevención y Participación Ciudadana, acusado de malversación de fondos en campañas electorales.
El renunciante es Arturo Escobar, un político cercano del presidente, líder del Partido Verde, principal aliado del Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante): "Peña busca ahora distanciarse de un personaje a quien nombró en la cartera federal encargada de la prevención y seguridad ciudadana, responsable de implementar una cultura contra la delincuencia, los desaciertos de esta índole son innumerables", dice Culebro.
La única acción cumplida del decálogo ha sido la sexta, pues se realizó un operativo de fuerzas federales en las montañas del Estado de Guerrero (sur, frente al Pacifico) infestado por el narcotráfico y la siembra de amapola; "pero no se dispone de información sobre el grado de éxito de la operación".
Dos medidas apenas comenzaron el periplo burocrático: la primera es el número 911, que apenas logró la autorización del órgano federal de Telecomunicaciones; y algunas acciones para fortalecer el respeto de los DDHH están en marcha, tales como el trámite de leyes generales de tortura y de desaparición forzada.
Esas iniciativas del presidente "nunca han sido una prioridad para el PRI en el Congreso", señala la experta, cuyo organismo se propuso desde el año pasado seguir la pista de las diez medidas, anunciadas en una ceremonia solemne en la residencia presidencial de Los Pinos ante organismos ciudadanos, líderes de todos los poderes y diplomáticos.
"Un año después no ha cambiado nada y la crisis de derechos humanos, impunidad y corrupción se ha profundizado, el decálogo fue lo que sospechamos aquel día: un discurso que la realidad haría olvidar, hoy amanecimos con un nuevo escándalo de corrupción", puntualizó la directora del IMDHD.
