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El Tribunal Supremo de Brasil avala la legalidad del proceso contra Rousseff

© AFP 2023 / Evaristo SaDilma Roussef, presidenta de Brasil
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El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF), Luiz Fachin, avaló este miércoles que el proceso de juicio político o "impeachment" contra la presidenta de la República, Dilma Rousseff, se produce dentro del marco legal contemplado por la Constitución Federal de 1988.

De esta manera, la Corte Suprema del país sudamericano desestimó uno de los grandes argumentos del Gobierno brasileño contra el proceso y que se centraba, entre otras cuestiones, en la invalidez del proceso debido a la elección de la comisión especial de impeachment a través del voto secreto que dio el control a los sectores de la oposición sobre el mismo.

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"Entiendo que la Constitución permite, en situaciones excepcionales como esta, que la votación de los diputados sea secreta", sentenció Fachin, quien además se recusó impedir que el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, liberase el proceso a pesar de ser un enemigo declarado de la presidenta Rousseff, lo que a todas luces elimina la posibilidad de un proceso imparcial.

"La mayor parte de los actores políticos son partidarios o adversarios del presidente de la República por lo que no se puede exigir una imparcialidad absoluta", declaró el juez del TSF durante las cuatro horas en las que la Abogacía General de la Unión (AGU), la Fiscalía General de la República (FGR) y el propio magistrado pasaron exponiendo sus argumentos a favor y en contra.

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De hecho, el prolongado turno de palabra de todos los implicados provocó que la sesión de este miércoles fuese insuficiente para recoger los votos de los otros 10 magistrados del TSF y que determinarán la continuidad y la manera en la que será llevado el juicio político contra Rousseff, siendo que la postura de este miércoles de Fachin parece dejar claro que el proceso seguido hasta el momento por Eduardo Cunha puede considerarse completamente legal.

Cabe recordar que el proceso de impeachment planteado en el Congreso Nacional se basa en la solicitud de los juristas Hélio Bicudo y Miguel Reale Junior, quienes emplearon la sentencia del pasado mes de noviembre del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) por la que se consideró que el gobierno de Rousseff cometió un delito de responsabilidad fiscal al emplear técnicas de "maquillaje contable" en las cuentas públicas de 2014 y 2015 para ocultar el déficit real.

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