Sánchez Rubiano, sentenciado bajo el cargo de desaparición forzada agravada, era comandante del hoy desaparecido B-2 (inteligencia) del Ejército de Colombia para el momento en que ocurrieron las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, y Bernardo Beltrán, uno de los empleados de la misma.
Según el juzgado que dictó el fallo, existen pruebas de que Sánchez Rubiano tuvo conocimiento de los interrogatorios a los que fue sometido un grupo de personas en la Casa del Florero, un museo ubicado diagonal al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y que funcionó de manera improvisada como centro de inteligencia y de operaciones por parte de los militares.
La condena anunciada este martes también deja sin efecto la decisión de la Justicia Penal Militar que previamente había exonerado al oficial de la responsabilidad frente a la desaparición forzada de la guerrillera del M-19 (Movimiento 19 de Abril) Irma Franco Pineda, desaparecida en la retoma del Palacio por parte de los militares.
La toma del Palacio de Justicia fue protagonizada por miembros de la extinta guerrilla del M-19 (Movimiento 19 de Abril) que pretendían someter al presidente Betancur a un juicio público por faltar a los compromisos asumidos en las negociaciones de paz, realizadas con ese grupo subversivo en los Acuerdos de Corinto (Cauca, suroeste) en 1984.
El Ejército ordenó el asalto del edificio, operación en la que murieron 98 personas (entre ellas once magistrados) y otras once personas fueron dadas por desaparecidas.
En diciembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado Colombiano por la desaparición de aquellas once personas y la retención ilegal y tortura de otros cuatro civiles en el Palacio de Justicia.
En el marco de esa sentencia, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió perdón en noviembre pasado —en el acto de conmemoración de los 30 años de la toma- debido a la responsabilidad del Estado en esos hechos.