La legislación sobre consumo de marihuana establezca las bases de una nueva política contra las drogas que priorice la protección a la salud de la población y revierta la visión meramente policiaca, persecutoria y de "guerra", que sólo ha derivado en el grave incremento de muertes por homicidio, dijo la presidenta de la Comisión de DDHH del Senado, Angélica de la Peña.
Los especialistas destacaron la prioridad de que se garanticen los derechos y libertades de decisión de las personas, dijo la legisladora de izquierda al resumir el debate.
La denominada "guerra contra estupefacientes sólo ha criminalizado a los consumidores y ello se hace evidente en las multas por posesión de más de cinco gramos de mariguana", que van de los 23.000 dólares a los 47.000 dólares (de 435.000 a 875.000 pesos), dijo el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo.
El 60 por ciento de los presos en México son personas detenidas por delitos de narcotráfico, pero no se trata de grandes traficantes, un 28 por ciento es por posesión y 32 por ciento por transporte, es decir "mulas" (minoristas), dijo el experto.
En 2010, unos 10.000 estaban derivados de la política contra las drogas, en tanto que oficialmente se reconocieron únicamente 70 fallecimientos por consumo de drogas: "el combate al consumo de estupefacientes está equivocado, concluyó" Madrazo.
A su turno Luisa Conesa Labastida, abogada constitucionalista, sostuvo ante los congresistas que la regulación del cannabis debe considerar "la criminalización o seguridad pública; el uso recreativo; el uso industrial y el aspecto de la salud".
En el debate hay muchos derechos en juego, favorecer a uno implica desfavorecer a otros, explicó.
"Los derechos y libertades de los ciudadanos no deben estar a debate, modificar políticas públicas para el bienestar del pueblo es una responsabilidad del Congreso", dijo la jurista.
La experta dijo que la legislación debe buscar reducir los impactos negativos de la marihuana, "establecer una regulación responsable, la descriminalización de los consumidores es el primero paso, pero no es suficiente".
"Se practica una justificación de violaciones graves a los derechos humanos bajo el argumento del control de drogas y el combate frontal en contra del crimen organizado, pero no estamos controlando nada y estamos en el peor momento desde hace 10 años", dijo Snapp.
El grupo parlamentario del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), se pronunció por "romper paradigmas para elaborar una política pública bajo un enfoque de salud, de derechos y libertades", dijo el diputado Juan Fernando Rubio.
Un consejo técnico de expertos y funcionarios federales ha sido establecido por el Congreso de México para emitir en 2016 un informe sobre las implicaciones de la regularización de la marihuana para fines médicos y recreativos, luego de que la Suprema Corte lo autorizó a un grupo de consumidores que apelaron la prohibición del Gobierno.
