"Mientras que algunas de las muertes son producto del uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades, en otros casos no existe justificación", detalló el informe que además recomienda a la Justicia de Brasil actuar con decisión frente a las "ejecuciones extrajudiciales" y "violaciones crónicas de los derechos humanos".
En cuanto a las prisiones del país, el informe recordó que Brasil cuenta con una población carcelaria en torno de las 600.000 personas lo que supone que estas soportan un 61 por ciento por encima de la capacidad teórica lo que "imposibilita el control de las instalaciones carcelarias" que, según HRW, están dirigidas por las facciones criminales.
El informe alertó sobre el avance en el Congreso Nacional de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 171/93) que prevé la reducción de la edad penal en Brasil de los 18 a los 16 años para los delitos más graves, una medida aprobada en agosto de 2015 en la Cámara de los Diputados y que actualmente se encuentra bajo análisis en el Senado.
Por último, HRW criticó fuertemente la ley antiterrorista desarrollada por el poder Legislativo en 2015 y que dada su "excesiva ambigüedad" podría llegar a ser empleada en la criminalización de las manifestaciones ciudadanas y los movimientos sociales llegando, incluso, a ser tachados de "terroristas" por la nueva legislación.
