"Nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a período de sesiones extraordinarias", explicó el abogado Eduardo Barcesat, autor de la denuncia.
El especialista señaló que el presidente Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y varios ministros del Gabinete nacional incurrieron en "delito constitucional, en concurso con violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad", consigna Télam.
La denuncia también se extiende contra el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Julio Martínez; el de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; su homólogo del Interior, Rogelio Frigerio y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Barcesat hace énfasis en la "catarata" de DNU firmados por el presidente, que desde que llegó al Gobierno el 10 de diciembre ha promulgado seis decretos de este tipo.
Con ellos reformó la Ley de Ministerios para armar un nuevo Gabinete; modificó el presupuesto nacional; traspasó la Oficina de Escuchas Judiciales a la órbita de la Corte Suprema; suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y reformó la Ley de Medios y la ley de Ministerios.
Pena de muerte
El abogado destaca, por otro lado, el decreto 228/2016 que declaró el 22 de enero la "emergencia en seguridad pública" en todo el país, aunque no fue promulgado como de necesidad y urgencia.
Esta normativa autoriza el derribo de aeronaves que tengan "entidad suficiente" para perturbar, poner en riesgo o causar un daño, de modo que "serán declaradas hostiles en el territorio nacional", según establece el decreto.
Para Barcesat, que trabajó con la organización Madres de Plaza de Mayo, la norma "introduce subrepticiamente en nuestra legislación la pena de muerte, de tipo penal abierto y sin forma alguna de debido proceso judiciario".
El abogado insta a la Justicia "a prestar declaración indagatoria a los denunciados, disponiendo su procesamiento en orden a las figuras delictivas reprochadas".
El letrado recordó el art. 29 de la Constitución argentina, por la que "el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional (…) facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna".
El presidente puede seguir emitiendo DNU hasta el 1 de marzo, cuando entre en funciones el Congreso, ahora en receso por las vacaciones estivales.
Los DNU tienen vigencia mientras no sean rechazados por la Cámara de Diputados o del Senado.
El juzgado federal del magistrado Ariel Lijo ha quedado a cargo de la causa.
