"El diálogo fue honesto y franco", dijo tras el encuentro Alejandro Garfagnini, coordinador de Tupac Amaru, citado por el medio Urgente24.
Las autoridades "se interiorizaron de toda la situación", y aunque "no hay ninguna respuesta concreta, se vieron muy permeables a trabajar en la situación", añadió.
Garfagnini insistió en que Sala, una referencia del movimiento social en la provincia de Jujuy (norte del país), es una presa política.
"Nosotros vemos que hay una detención política, injusta de Milagro Sala, sin justificación jurídica alguna, y creemos que la política tiene que resolver", sostuvo.
Sala se encuentra detenida desde el 16 de enero, acusada inicialmente de "instigación a la violencia y tumulto", imputaciones que fueron desechadas.
Pero el arresto continuó por pedido de la Fiscalía, que la investiga ahora por supuestos delitos de "asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión".
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acusó a la dirigente de malversación de 29 millones de pesos (2,1 millones de dólares) de fondos públicos que Sala habría retirado en efectivo de un banco el pasado mes de noviembre.
Garfagnini sostuvo en una entrevista con Sputnik Nóvosti a fines de enero que las acusaciones de Morales son infundadas.
"Eso es mentira, tendrían que probarlo", indicó Garfagnini, pues "todas nuestras obras están ahí, se ven, se tocan, y hemos pedido al Gobierno nacional una auditoría de todas nuestras obras de Jujuy".
La organización Tupac Amaru se dedicó en los últimos años a construir viviendas y escuelas empleando subsidios entregados por el Estado.
El encuentro entre Peña y Garfagnini tuvo lugar en la Casa Rosada, sede del Gobierno nacional, y fue gestionado por la Iglesia Católica.
El representante de la Conferencia Episcopal Argentina que presenció la reunión, el obispo Jorge Lozano, señaló que no fue una mediación, "sino gestiones para poder generar un encuentro de diálogo con el Gobierno nacional".
La inmediata libertad de Sala, elegida en 2015 parlamentaria del Mercosur, fue exigida en enero por Amnistía Internacional.
