Las pesquisas deben "establecer las responsabilidades legales tanto de los reclusos que participaron en los hechos como de las autoridades penitenciarias" de la cárcel de Monterrey, 850 km al norte de la capital, indica en un pronunciamiento emitido desde Ginebra firmado por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
"Exhorto a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos," dijo el jurista internacional de origen argentino Méndez.
Derecho a la verdad
"La investigación debe conducir también a la reparación de las víctimas y sus familiares, lo cual "incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos, que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención del penal de Topo Chico", instó el experto.
Méndez inspeccionó el Penal de Topo Chico durante su visita oficial a México, en abril de 2014.
"Allí pude constatar que la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal", advirtió.
El alto cargo de la ONU pudo verificar "supuestas medidas de protección a detenidos que derivaban en situaciones de hacinamiento extremas".
En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto hizo una clara referencia a la infraestructura deteriorada, a condiciones sanitarias penosas, a la mala calidad de la comida, a sanciones de aislamiento en condiciones deplorables y a tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad.
El experto de la ONU señaló que el derecho internacional obliga al Estado mexicano a asumir "una posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de libertad".
El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México, establece que "toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con respeto a la dignidad inherente al ser humano".
