El texto definitivo excluyó finalmente la modificación realizada por el Senado en agosto de 2015 por la que se incluían en la ley antiterrorista los actos de violencia en el ámbito de los movimientos sociales, sindicales y políticos una reivindicación de los sectores de la izquierda brasileña, los sindicatos y el propio gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).
Según explicó el relator de la propuesta al diario brasileño O Globo, el diputado Arthur Oliveira, las especificaciones que delimitan la acción terrorista, como actos de discriminación o xenofobia, impiden que el vandalismo realizado por los llamados "black blocs" durante las manifestaciones políticas puedan ser juzgados por terrorismo, sino que deberán ser juzgados como vandalismo o destrucción del patrimonio público.
Las penas que deberán ser aplicadas para los delitos de terrorismo se situarán entre los 12 y los 30 años, un castigo especialmente fuerte si se tiene en cuenta que la nueva ley antiterrorista puede complementarse con otros crímenes si fuese necesario tales como el homicidio o la posesión de armas de fuego sin la debido autorización, algo que podría aumentar mucho las penas si se tiene en cuenta las estrictas leyes para el porte de armas de Brasil.
Por su parte, el líder del PT en la cámara de los diputados, José Guimaraes, afirmó en declaraciones recogidas por el diario Folha de Sao Paulo que "votando a favor de esa ley se está contribuyendo para el éxito de los Juegos Olímpicos" y que "dará mayor seguridad y consistencia para que el mundo entero no use el argumento menor de no mandar sus delegaciones a Brasil".