MONTEVIDEO (Sputnik) — "Mientras el Estado no recupere los territorios y no se llegue a la vez a una política real de control, de prevención de la violencia, vamos camino de perder a una tercera generación", pues el país ya ha perdido dos generaciones a raíz de la criminalidad, explicó Ríos.
"Estos jóvenes están delinquiendo por una serie de condiciones que el Estado no quiere reconocer, como la exclusión y falta de oportunidades, y así vamos a seguir teniendo jóvenes dispuestos a incorporarse a estos grupos", conocidos como maras o pandillas criminales, abundó Ríos, perteneciente a la Red Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
Ante el nuevo repunte de la violencia que sufre el país centroamericano, con un promedio de 23 muertos diarios, las primeras medidas del Gobierno consistirán en reforzar la presencia policial en varias zonas identificadas como problemáticas por estar controladas por las pandillas.
En opinión de Ríos, se trata de medidas a corto plazo que no terminarán con la violencia.
La recuperación del territorio por parte del Estado "no se va a lograr con un ejército de soldados o policías, eso solo se recupera con un ejército de sociólogos, psicólogos y personas que puedan recuperar ese tejido con las escuelas a tiempo pleno, con una serie de acciones que el Estado debe tener la voluntad de aplicar sin dejar de lado la aplicación de la ley", señaló la defensora de derechos humanos.
Lamentablemente, continuó, después de 12 años de guerra (1980-1992), "El Salvador no aprendió que reprimiendo jamás logras hacer cambiar a estos grupos, sino que solo se logra volverlos víctimas delante de sus propias comunidades y eso los fortalece".
Tregua fallida
Durante el primer Gobierno de izquierda en este país, presidido por Mauricio Funes (2009-2014) del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se produjo una tregua entre las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, propiciado por las autoridades para frenar los asesinatos.
Esa tregua logró reducir el número de los homicidios, "pero se hizo a espaldas de la ciudadanía y se terminó con el cambio de Gobierno a principios de 2015", dijo Ríos.
El medio digital El Faro, que reveló la existencia de la tregua, descubrió que "se habían sacado de los penales de máxima seguridad a los líderes de las pandillas para que lograran tener el control de sus subalternos, de los liderazgos internos" y, a partir de ese momento, después de que el Gobierno negara el pacto, "la tregua empezó a caerse", explicó Ríos a esta agencia.
El acuerdo se había manejado "como un triunfo de las políticas del Gobierno, pero no habían dicho a la población que sería una tregua donde el Estado brindaría beneficios carcelarios a estos grupos".
Además, continuó la activista salvadoreña, fue sospechoso que hubiera una reducción de los homicidios y un aumento de los desaparecidos pues "empezaron a aparecer cementerios clandestinos".
A partir de 2015, los asesinatos se dispararon hasta alcanzar el promedio actual de 23 por día.
El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, también del FMLN, resolvió aplicar mano dura a las pandillas, y a mediados del año pasado la Corte Suprema de Justicia decidió encausar a los pandilleros por delitos de terrorismo.
"Hemos tenido varias medidas, pero ninguna ha tenido la visión de generar prevención y lo que se logra con la represión es que esta gente logra mayor apoyo de su comunidad, por eso ahora el control territorial de las pandillas en algunas zonas es impresionante; el Estado en esos lugares no existe", insistió Ríos.
El Salvador está considerado el país más violento de América Central: casi 1.400 personas fueron asesinadas en los dos primeros meses de este año, según datos de la Policía Nacional Civil, cifra que duplica los homicidios del mismo período de 2015.
El narcotráfico y los enfrentamientos entre pandillas por el control del territorio y de negocios como el cobro de sobornos a comercios y medios de transporte son las causas principales de esta mortandad.
