CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Ministerio Público presentó ante el juez del Juzgado Primero del departamento de Intibucá (suroeste), "el cese de la medida impuesta al ciudadano mexicano Gustavo Castro Soto (52 años), para que pueda salir del país por haberse agotado todas las investigaciones y pruebas científicas", dice un comunicado enviado a Spútnik Nóvosti por los abogados del autor del libro "Las Aguas Negras de la Coca Cola".
Sobre el caso de la dirigente ambientalista Bertha Cáceres, las autoridades del país centroamericano "han evacuado casi en su totalidad las investigaciones científicas en su primera fase", dice un comunicado del Ministerio Público.
Además, el pasado 13 de marzo, las autoridades intervinieron por orden judicial la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada de una obra hidroeléctrica a la cual se oponen grupos ecologistas y originarios de esa zona natural, en donde "se han decomisado armas y secuestrado documentos, y tomado declaración testifical a empleados, como parte de las líneas de investigación que se sigue en este caso".
De haber indicios suficientes se complementarán con la prueba científica para posteriormente presentar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes, anuncia la autoridad hondureña.
La investigación
El Ministerio Público anuncia que está "haciendo verificaciones de algunos eventos donde la señora Bertha Cáceres recibió amenazas", como había señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes del asesinato perpetrado el 3 de marzo.
El Ministerio Público advierte que "no se descarta que a futuro se pueda solicitar la presencia del testigo (Castro Soto) de surgir nuevos elementos en la investigación".
La Fiscalía quiere agradecer, después de la retención calificada como "ilegal" por abogados del testigo, al "señor Castro Soto por toda la colaboración brindada" durante el periodo en el cual se le impidió salir de Honduras, y fue detenido en el aeropuerto de Tegucigalpa.
El asesor ambientalista mexicano de la dirigente hondureña acribillada a balazos en su casa, a quien los asesinos dieron por muerto con un balazo en la oreja, –según relató a esta agencia su hermano– fue impedido de abordar un vuelo hacia su país, por una orden judicial que limitaba su libertad durante un mes, que se cumplía el lunes próximo.
Los jefes de las Fiscalías de Delitos contra la Vida, Etnias, y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), participaron de las pesquisas, en las cuales la OEA, la Comisión de DDHH de la ONU, y la Comisión Interamericana de DDHH, entre otros, pedía que Castro Soto regresara a México, porque en Honduras corría peligro su vida, como testigo y sobreviviente del atentado a balazos en la vivienda de Berta Cáceres.
