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Fiscalía de Colombia investiga a expolicía por complicidad en esclavitud sexual de menores

© Flickr / Edgar Zuniga Jr.Fiscalía de Colombia
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La exinspectora de policía de una aldea del norte de Colombia será investigada por su presunta participación en una red de esclavización sexual de al menos 25 niños, niñas y adolescentes entre 2001 y 2003, informó el lunes el Ministerio Público (fiscalía) de ese país.

BOGOTÁ (Sputnik) — Los abusos se cometieron en el área rural del municipio de Charalá (Santander, norte), "para la época en que el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas hacía presencia en la región", grupo paramilitar de extrema derecha cuyos comandantes "al parecer" contaban con el apoyo de la rectora del colegio y de su esposo, un político local, y con conocimiento de la entonces inspectora de la policía, dice el comunicado de la fiscalía.

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"La entonces rectora supuestamente permitió que el grupo ilegal financiara bazares y reinados en los que participaban las niñas del colegio, para que el comandante escogiera las que iban a ser víctimas de estos graves abusos", señala el texto.

El Ministerio Público informó que por lo menos 25 estudiantes de entre 11 y 16 años fueron abusados sexualmente o reclutados por el frente Comuneros Cacique Guanetera del Bloque Central Bolívar, aunque señaló que el número podría ser mucho mayor.

"Se gestó una alianza entre la rectora y el entonces concejal, quienes permitieron que las autodefensas ingresaran incluso a las instalaciones del colegio y atendieran en la misma rectoría, que era donde les llevaban a las niñas a los comandantes e integrantes de las autodefensas para que fueran abusadas", dijo el subdirector de la Unidad de Análisis y Contextos de la fiscalía, Juan Pablo Hinestrosa, reseña el comunicado.

Las denuncias que ha recibido el organismo señalan, de igual modo, que niñas y niños también sufrían abusos al salir de clase, pues los paramilitares los hacían abordar camionetas que los conducían hasta los campamentos para someterlos sexualmente.

Por estos hechos cerca de 14 paramilitares hoy desmovilizados pueden ser imputados y perderían los beneficios que obtuvieron al entregar las armas entre 2004 y 2006, bajo el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010).

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