En su defensa, Fernández adjudicó su citación judicial a una persecución política.
"Cada vez que un movimiento político de carácter nacional y popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos", señaló.
Tras puntualizar que el objetivo es "barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y actividades", además de la imposición de "programas de "ajuste" y endeudamiento", la exmandataria realizó un repaso histórico sobre la situación que debieron afrontar distintos presidentes con la Justicia.
"Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo claramente que solo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante", sostuvo Fernández.
La expresidenta manifestó su sorpresa de que fuera llamada a declaración indagatoria cuando en la denuncia original que motivó la causa no había ninguna mención en su contra.
"Tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado", continuó.
Sobre la causa en sí, Fernández insistió en que la venta de futuro de dólares no produjo pérdidas en el Banco Central, y acusó al juez Bonadío de haber construido este proceso judicial en su contra.
Miles de militantes aguardan a que la exjefa de Estado salga de los tribunales, pues se espera que se dirija a la multitud.
Una concurrida movilización acompaña a Fernández de Kirchner desde que llegara el lunes a la capital argentina, después de permanecer cuatro meses en el sur del país y sin exposición pública una vez que terminó su mandato y asumió el actual presidente Mauricio Macri.
El proceso judicial que instruye Bonadío se inició por una denuncia de los diputados del bloque oficialista Cambiemos, Mario Negri y Federico Pinedo, que acusaron enoctubre a la dirección del BCRA del delito de "defraudación por infidelidad" contra la administración pública por la venta de dólares a futuro.
El Banco Central es un organismo autárquico de acuerdo a sus estatutos.
