La Comisión Europea planteó ayer que cada país que no acoja el número de refugiados acordado podrá ser sancionado con una multa de un cuarto de millón de euros por cada refugiado no admitido.
Este compromiso firmado por España se refiere exclusivamente a los refugiados situados en campamentos de Grecia e Italia y no incluye a los solicitantes de asilo que llegan a España a través de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El Gobierno conservador español por el momento no se ha negado a acoger a los refugiados, pero siempre se mostró reticente a que las cifras fueran tan altas.
El Ejecutivo explica la lentitud en el asilo a cuestiones de "procedimiento complejo y lentitud de coordinación con varios organismos".
Entre otras cuestiones, Madrid insiste en que la "seguridad" es un elemento vital y pide "una identificación exhaustiva" de los 8.023 demandantes de asilo.
No obstante, las organizaciones de derechos humanos aseguran que "falta voluntad política".