"No puede darse validez a ninguna actuación que realice Zerón, luego de que ha mentido y ha llevado a cabo actuaciones sin que sean reportadas", dijo el abogado de los familiares de las víctimas Vidulfo Rosales luego de reunirse con la canciller mexicana.
Los inconformes dieron un plazo de 15 días para que la Procuradora General, Arely Gómez destituya al funcionario antes del 1 de junio.
La diligencia fue a la vera del Río San Juan, donde habrían lanzado las restos óseos, cerca del basurero municipal de Cocula, pueblo vecino de Iguala (220 km al sur) donde comenzaron los ataques contra cinco autobuses repletos de alumnos la noche de 26 de septiembre de 2014, perpetrados por policías de tres municipios del convulsionado estado de Guerrero y narcos confabulados.
La jefa de la diplomacia mexicana se reunió unas dos horas con los abogados y familiares en la sede de la Cancillería en un diálogo para acordar el seguimiento a las recomendaciones de los expertos de la CIDH, cuyo mandato terminó a finales de abril.
Siguiente cita en Washington
Los familiares plantearon al gobierno federal mexicano, que "está en deuda con los padres, estamos por cumplir un año y ocho meses y no está claro el paradero de los estudiantes", dijo al final del encuentro el director del jesuita Centro de DDHH Agustín, Mario Patrón, integrante de la defensa de los familiares.
"Le planteamos claramente que el Estado ha fallado", puntualizó padrón.
A la reunión con más de 60 familiares y abogados de los jóvenes de Ayotzinapa asistió el subsecretario federa de Gobernación (Interior), Roberto Campa, en una reunión en la cual "se destacaron las coincidencias que existen para la definición del mecanismo de seguimiento especial que estará a cargo de la CIDH", dijo en un Comunicado la cancillería.
Finalmente el gobierno dijo que Washington se buscará "un mecanismo que tenga como prioridad a las víctimas y el esclarecimiento de los hechos".
