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Provincia argentina de Buenos Aires frente al colapso de su sistema penal

© AFP 2023 / Alfredo EstrellaUna cárcel
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La crítica situación del sistema penal de Buenos Aires ha desbordado las comisarías, donde las condiciones de detención son inhumanas, según un fallo de la CIDH que intimó al Gobierno provincial a revertir la situación, dijeron a Sputnik Nóvosti un funcionario de DDHH de la provincia y un experto en asuntos penales.

"Estamos ante peor colapso del sistema penal en los últimos 15 años", indicó a Sputnik Nóvosti el director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Rodrigo Pomares.

El especialista explicó que las políticas de seguridad pública de los últimos años "han provocado que cada vez más personas ingresen de manera desmedida a cárceles y comisarías, sometiéndolas a condiciones inhumanas de detención".

El 12 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó el pedido de medidas cautelares solicitado en 2014 por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y la Defensoría de Casación de Buenos Aires, para que se adoptaran políticas específicas ante el trato degradante que sufren los detenidos en las comisarías de la provincia más importante y poblada del país.

"Lo que dice la Comisión es correcto y hay que corregirlo", reconoció a Sputnik Nóvosti el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sergio Cantón, quien adelantó a esta agencia que la Secretaría de DDHH convocará la semana que viene a todas las áreas del Gobierno provincial y nacional involucradas para responder a la CIDH.

La comisión basó su fallo en un informe que daba cuenta de la vulneración de derechos que tenía lugar en seis comisarías de los municipios de Lomas de Zamora y de La Matanza, donde se encuentran dos de los departamentos policiales más grandes de la provincia.

El funcionario dijo que la situación responde a una política penitenciaria "equivocada" que tuvo lugar en los últimos años y que "forzó" la actual situación.

Hacinamiento y condiciones denigrantes

La CPM detectó que los detenidos en las comisarías tienen nulo o ineficiente acceso a la alimentación y a la salud, soportan un régimen de encierro permanente y son sometidos de manera sistemática a prácticas de tortura, explicó Pomares.

Las dependencias, agregó, presentan graves deficiencias edilicias.

Aunque los detenidos permanecen en esa situación por breves períodos de tiempo, el flujo es constante, lo que dispara los niveles de hacinamiento.

"El promedio de hacinamiento de las comisarías está entre el 200 y el 600 por ciento, con exclusión de las de Lomas de Zamora, donde los niveles llegan al 13.800 por ciento", constató el especialista, datos que da por ciertos la CIDH en los fundamentos de su resolución.

La CIDH exigió al Estado argentino que disminuya las detenciones en las comisarías y que las equipe con elementos de seguridad.

También ordenó que los detenidos obtengan asistencia sanitaria y que se respeten los estándares de alojamiento según las normas internacionales.

Aunque en el pasado la comisión ya había emitido medidas cautelares en relación a las cárceles en Argentina, es la primera vez que lo hace respecto a las comisarías.

El Gobierno nacional tiene diez días para remitir un informe que dé cuenta de las medidas adoptadas, pero la Secretaría de Derechos Humanos advirtió que necesita más tiempo.

"Es imposible resolver la situación en diez días y la Comisión lo sabe", indicó Cantón, que planteó que el desafío constituye "en cuánto tiempo" se puede resolver la situación.

Desde la CPM señalaron que no les consta ninguna reacción del Gobierno provincial o nacional.

La clausura de los calabozos en dependencias policiales de la provincia fue ordenada en 2010 por la Corte Suprema de Justicia ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los detenidos, pero en 2014 el Gobierno provincial volvió a habilitar las celdas de las comisarías como lugares de encierro.

En Argentina hay actualmente 39.927 detenidos, lo que constituye la cifra de encarcelamiento más alta de su historia.

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