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Tres reos asesinados y 19 heridos en una prisión de México

© REUTERS / Daniel BecerrilCarcel Topo Chico, Monterrey
Carcel Topo Chico, Monterrey - Sputnik Mundo
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un saldo de tres muertos y 19 heridos en el penal de Topo Chico de la ciudad de Monterrey es el saldo de un asesinato planificado por reos por el cobro de sobornos, dijo este jueves el secretario general de Gobierno del estado, Manuel González.

El funcionario gubernamental de ese polo industrial del norte de México desmintió que el asesinato perpetrado la noche del miércoles fuese un motín, admitiendo una venganza causada por la negativa de un líder encarcelado del cartel narcotraficante de Los Zetas a pagar sobornos a sus jefes que ordenaron la vendetta en la prisión.

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Desde principios de este año "nosotros tomamos el control del penal, y terminó el negocio de las extorsiones, amenazas y de la venta de todo tipo al interior del penal, y ya no hubo recursos que antes se repartían afuera" de la cárcel, dijo González.

Jefes de ese cartel, fundado por exmilitares, afirmaronn que "hubo presión de afuera hacia adentro para eliminar al supuesto líder que no cumplía con las extorsiones, (…) no entregaba el dinero que tenía que dar a la delincuencia", según indicó el funcionario en conferencia de prensa.

El líder sentenciado era Javier Orlando Galindo, alias El Maruchan, brazo derecho de Juan Pedro Saldívar, apodado el Z-27.

Ese jefe de Los Zetas protagonizó en ese mismo penal una riña el 11 de febrero con saldo de 49 personas muertas.

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El organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Monterrey hizo un llamado urgente a las autoridades de Nuevo León para que "garanticen la seguridad dentro del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico.

Hace una semana, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, visitó este centro penitenciario y aseguró que el Estado había "recobrado el control, tanto de este, como en los centros de reinserción social".

Pero solo este año el organismo tiene registradas al menos 55 muertes en dicho penal.

El Estado "tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas internas, y los hechos ocurridos demuestran que el Gobierno del Estado está fallando en esta labor", puntualizó la ONG de apoyo a víctimas.

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