"En la Asamblea General de la OEA recibimos expresiones de voluntad para realizar apoyos financieros extraordinarios a fin de hacer frente a esta crisis. Tenemos un margen de pocos días. Esperamos que estos aportes lleguen en los próximos días", dijo Álvarez Icaza.
El año pasado, todos los países latinoamericanos sumados cedieron a la CIDH un total de 199.000 dólares en aportes voluntarios. Durante ese periodo, esos mismos países dieron 13 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI). La diferencia es que, mientras el segundo organismo no tiene casos abiertos en América Latina en trámite, el primero tiene más de 6.000. Que haya dinero disponible para organizaciones que no siguen casos de América Latina, pero no para los que sí se ocupan del cumplimiento de los derechos humanos en la región, genera suspicacias.
"La organización se vuelve vulnerable a ser castigada a través de la restricción de recursos. Siempre es posible que se utilice la crisis para debilitar a la Comisión. Su mandato es supervisar a los Estados en su respeto a los derechos humanos. Evidentemente, hay países molestos porque sienten que los señalamos, a pesar de que ese es el mandato que nos dieron los propios Estados", agregó Álvarez Icaza.
Esta vez, a los problemas regionales se le sumó la crisis de refugiados que enfrenta Europa. Ahora, este continente, un donante habitual del organismo, vuelca sus recursos en atender esa crisis. La Unión Europea pasó de contribuir con 57.700 dólares en 2015 a cero en 2016.
Ante esta situación, el presidente de la entidad, James Cavallaro, pidió a los estados miembros un pronunciamiento urgente sobre el tema: "Es imperativo que los estados adopten una solución razonable a la situación de falta de financiación crónica con la que trabaja la CIDH, a fin de garantizar el derecho de los y las habitantes de las Américas a acceder a la justicia internacional".
