El objetivo del bloque regional consistió en la creación de un espacio económico unido por medio del incremento del nivel de desarrollo económico de sus miembros.
En ese momento el Reino Unido se negó a sumarse a la comunidad ya que consideraba que carecía de perspectivas económicas y comerciales.
Las autoridades y la comunidad empresarial británicas apostaban por ampliar sus relaciones con EEUU y los miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones (actualmente Mancomunidad de Naciones).
En 1960 el Reino Unido instituyó la Asociación Europea de Libre Comercio (EACT) en contrapeso a la CEE.
A esta asociación, en la cual la integración se limitó a la creación de una zona de libre comercio, se sumaron Austria, el Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suiza y Suecia.
A medida en que la CEE iba ganando posiciones y desarrollándose exitosamente, los países de la EACT comenzaron a buscar como integrarse en la comunidad.
En 1962 y 1967 el Reino Unido presentó solicitudes de ingreso en la CEE, a lo que se opuso Francia.
El principal oponente del ingreso del Reino Unido a la CEE era el presidente francés, Charles de Gaulle, quien consideraba que debido a sus especiales relaciones con EEUU, Londres jugaría un papel negativo en la comunidad, socavando su unidad e independencia en las relaciones con EEUU.
Las conversaciones sobre el ingreso del Reino Unido en la CEE solo arrancaron en 1969, luego de la dimisión de De Gaulle.
De tal modo, el Reino Unido abandona EACT en 1972 y el 1 de enero de 1973 se integra en la CEE.
Desde el mismo inicio de su estancia en la CEE (que pasó a llamarse UE en noviembre de 1993), el Reino Unido buscó mantener la mayor independencia posible en los asuntos económicos y políticos más significativos.
En marzo de 2012, durante la cumbre de la UE, Londres se negó a firmar el llamado Pacto Presupuestario, cabildeado por Berlín y París, y que establecía severas normas de disciplina financiera.
El aporte del Reino Unido al presupuesto de la UE es valorado en 11.300 millones de euros anuales.
Entre el Reino Unido y sus socios de la UE han surgido múltiples divergencias, atizadas por la presencia en el Reino Unido de influyentes fuerzas políticas y sociales que abogaban (y abogan) contra la participación del país en la UE, en base a que ello limita la soberanía nacional e implica gastos financieros adicionales.
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Durante los últimos años, tanto en las declaraciones de los altos directivos como en los documentos del partido gobernante se han reiterado los llamados a revisar el balance de las responsabilidades establecidas entre Londres y Bruselas.
A partir de 2011, en el contexto de la crisis económica, se incrementó el descontento en el Reino Unido respecto a la pertenencia del país a la UE, el diputado conservador David Nattell propuso la celebración de un referendo sobre la membresía británica en la UE, siendo firmada la correspondiente petición por más de 100.000 británicos.
No obstante, el 25 de octubre de 2011 los diputados del Parlamento Británico votaron mayoritariamente (483 de 650) contra la preparación del referendo.
El primer ministro británico, David Cameron, solicitó a los parlamentarios votar contra este referendo, subrayando que no se trataba de un buen momento, ya que Europa se enfrentaba a una crisis.
Durante las elecciones del 7 de mayo de 2015 los conservadores recaudaron el 36,9 por ciento de los votos, contra un 30,4 por ciento alcanzado por los laboristas, y de tal modo se hicieron de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes (Cámara baja del Parlamento), conformándose un Gobierno unipartidista.
El 28 de mayo de 2015 el Gobierno británico presentó al Parlamento el proyecto de ley sobre el referendo para la salida de la UE.
La pregunta del referendo en el proyecto de ley fue formulada como "¿Debe el Reino Unido continuar siendo miembro de la Unión Europea?", y su celebración estaba propuesta para una fecha "no posterior al 31 de diciembre de 2017".
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El 10 de noviembre de 2015 el primer ministro británico, David Cameron, anunció el inicio oficial de la campaña para cambiar las condiciones de la membresía del Reino Unido en la UE y envió una carta al presidente del Consejo Europeo en la que indicó las demandas de Londres:
1) La reducción del flujo migratorio de la UE al Reino Unido, incluyendo la prohibición de otorgar ayuda social a los migrantes durante cuatro años, la prohibición de medio año de prestaciones de desempleo para los migrantes procedentes de la UE; el recrudecimiento de las reglas de deportación de migrantes delincuentes, etc.,
2) una mejora de la competitividad (eliminación de obstáculos burocráticos, limitaciones para el flujo de capitales, mercancías y servicios),
3) fortalecimiento de la soberanía británica, incluyendo la renuncia del compromiso de avanzar "rumbo a una unión más estrecha", fijada en los acuerdos programáticos de la UE,
4) cambios en la esfera de las divisas (en particular, la no discriminación de los países que no integran la eurozona, la imposición de determinadas decisiones por parte de los países de la zona euro, la realización de cambios que incluyan la relación de una unión bancaria sobre bases voluntarias, y demás.
A partir de noviembre, el Consejo Europeo y la Comisión Europea llevaron a cabo con Londres intendos diálogos, en un intento de llegar a un posible acuerdo.
El 19 de febrero de 2016 trascendió que los líderes de la UE, tras dos días de debate, acordaron con el Reino Unido nuevas condiciones de su membresía en la unión, en base a las cuales el primer ministro Cameron apoyaría la permanencia del país en Europa durante el próximo referendo.
Los países miembros aprobaron un documento que entrará en vigor el mismo día en que el Gobierno británico informe al secretariado general del Consejo de la UE sobre la decisión de permanecer en la unión tras el referendo.
Ante todo, los líderes europeos acordaron indicar en los acuerdos básicos de la Unión que el Reino Unido no se sumaba a las aspiraciones lorgrar "una unión más estrecha".
La Comisión Europea también se presentará con la propuesta de incluir enmiendas en la legislación sobre el libre tránsito de trabajadores en la UE, para cumplir la exigencia más problemática de Londres, consistente en permitir congelar los pagos sociales a los migrantes de los países de la UE en caso de que el sistema de seguridad social se encuentre sobrecargado.
El referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la UE está previsto para el próximo 23 de junio.
El primer ministro británico, David Cameron, excluye la posibilidad de que se celebre un segundo referendo al respecto, alegando que no habrán más consultas futuras al respecto.
