Obama firmó el jueves la norma aprobada el miércoles por el Senado estadounidense por 68 votos a favor y 30 en contra, para permitir a Puerto Rico reestructurar su deuda de 70.000 millones de dólares sin temor de ser litigado por los tenedores de bonos.
"Por eso, la familia de UTIER está hoy aquí presente no tan solo para oponernos a la Junta de Lisa Donahue (encargada de reestructurar la deuda de la empresa eléctrica), sino a la Junta que el Gobierno federal ha impuesto al pueblo de Puerto Rico", dijo el presidente del sindicato, Ángel Figueroa Jaramillo, citado por el diario El Vocero.
Deuda de empresa eléctrica
Según el sindicalista, hay una "Junta de Control Fiscal primaria" que "el Gobierno de Puerto Rico apoyó a través de (la Autoridad de) Energía Eléctrica y ya estamos viendo los resultados, aumento en las tarifas y llevar a los trabajadores a la miseria, atentando contra la salud de nuestros familiares a través del plan médico y nuestro sistema del retiro".
El acuerdo supone que algunos acreedores adquieran 264 millones de dólares en bonos de ingresos de energía con una tasa de interés del 8,46% y con vencimientos de cuatro a seis años.
Control de Washington
La protesta "se hace en la calle de forma organizada. Los compañeros anoche montaron una vigilia federal. Eso también es una posibilidad, es lo que nos da las opciones y alternativas de cambiar lo que otros tratan de imponer", agregó el dirigente sindical.
El sacerdote Pedro Ortiz, de Todos Somos Pueblo, explicó en su página de Facebook la participación en la marcha como un acto de "solidaridad con los compañeros (-as) de la UTIER, porque existe una relación clara de denuncia radical de los desmanes contra los trabajadores (-as) y sus necesidades primarias, con la denuncia contra la Junta Fiscal Federal Dictatorial que es la que nos conduce al caos".
Para el dirigente, "mientras estemos a expensas de los buitres, los mafiosos y sus ayudantes en nuestra isla, Puerto Rico no tendrá arreglo".
La ley fue recibida con alivio por el gobernador Alejandro García Padilla, quien el año pasado había advertido que su país no podría pagar la deuda pública de 70.000 millones de dólares, casi toda en manos de tenedores privados.
