"Acordamos que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica serán convocados en una comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición", señala el comunicado, despachado en La Habana y dado a conocer a la prensa por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Esto significa que los partidos de oposición Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos (de izquierda), así como dos expertos delegados por la Mesa de Negociaciones de La Habana, conformarán una comisión para recibir propuestas de otros partidos encaminadas a consolidar un “estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política”, de manera que los líderes de la oposición al Gobierno no sean amenazados o asesinados en el ejercicio de su activismo.
"La Comisión deberá abrir espacios o mecanismos para recibir insumos y propuestas de otras agrupaciones políticas que deseen participar en la discusión y entregará al Gobierno Nacional sus recomendaciones en el menor tiempo posible, tras la firma del Acuerdo Final", explicó la Oficina del Alto Comisionado.
De acuerdo con el comunicado conjunto, también se acordó elaborar "un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales" tras la firma del Acuerdo Final, todo ello con el fin de brindar las garantías necesarias de participación de la oposición sin riesgo para quienes las integran o son simpatizantes de las mismas.
Aunque el punto de "Participación política" fue firmado por el Gobierno y las FARC el 6 de noviembre de 2013, en el marco de la Mesa de Conversaciones de La Habana, algunos temas quedaron pendientes bajo el compromiso de ser abordados después, los cuales finalmente fueron acordados y dados a conocer este martes de manera conjunta.
Dentro de esos acuerdos también se mencionó "la creación de una Misión Electoral Especial (MEE), la cual entregará sus recomendaciones en un plazo de seis meses al Gobierno Nacional para que haga los ajustes normativos e institucionales necesarios, con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral".
El objetivo de la MEE, señaló el comunicado, será "modernizar y hacer más transparente el sistema electoral" en Colombia tras la firma del Acuerdo Final de Paz, de manera que se pueda contar con mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia.
Los acuerdos anunciados el 5 de julio buscan salvaguardar el ejercicio político de quienes integran partidos políticos de izquierda opuestos al Gobierno.
Sin embargo, aún faltan por acordar cuántos escaños tendrán en la Cámara de Representantes las comunidades de las zonas afectadas por el conflicto, así como la transformación de las FARC en partido político.
El Gobierno colombiano y las FARC mantienen diálogos de paz en La Habana desde noviembre de 2012 con el objetivo de lograr un armisticio que ponga fin a un conflicto armado interno de más de medio siglo de existencia.
El conflicto armado colombiano, que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y grupos narcotraficantes, es el más antiguo del continente y ha dejado unos 300.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados, según reportes oficiales.