El presidente uruguayo, el médico oncólogo Tabaré Vázquez, impulsó en su primer mandato (2005-2010) un estricto marco legal que incluyó la prohibición de fumar en espacios públicos, con pesadas multas para los infractores, aumentos de impuestos a los productos de tabaco y la obligación de colocar advertencias en las cajas de cigarrillos, entre otras medidas.
Philip Morris demandó a Uruguay en 2010 por expropiación de marca, puesto que el Gobierno dispuso una única presentación para cada marca de cigarrillos en los puntos de venta, y por aumentar hasta 80% el tamaño de la advertencia sanitaria en los paquetes.
La demanda contra Uruguay ante el CIADI argumenta que el país violó el tratado de inversiones que mantiene con Suiza, sede de la casa matriz de la tabacalera.
El litigio entre Philip Morris y Uruguay es especialmente notorio, ya que es la primera vez que una transnacional demanda a un Estado soberano por vulnerar su propiedad intelectual, amparándose en un tratado de protección de inversiones.
A lo largo del proceso Uruguay ha recibido el apoyo de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ya enviaron sus respectivos argumentos a los árbitros del CIADI.
Según expertos uruguayos consultados por Sputnik, una victoria uruguaya sería un triunfo para la salud pública y para el sistema en general.
La empresa también demandó a Australia, cuyo Gobierno prohibió cualquier marca o forma de identificación en los envases de cigarrillos y obligó a incluir leyendas preventivas que cubren todo el paquete.
En el caso de Australia, la demanda fue iniciada por Philip Morris Asia, alegando que la ley australiana de etiquetado de tabaco de 2011 viola un tratado de inversiones firmado entre ese país y Hong Kong en 1993.
