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Alto cargo admite existencia de jaulas para presos a la intemperie en Argentina

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BUENOS AIRES (Sputnik) — El director del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza (centro), Eduardo Orellana, admitió la existencia de cárceles a la intemperie que utilizan para los reclusos después de que la justicia denunciara el trato inhumano que dispensan tres complejos carcelarios en la tercera provincia más importante del país.

"Creo que hay una mala interpretación de los jaulones, las personas estaban ahí de forma recreativa transitoria al aire libre", justificó Orellana en declaraciones a la emisora La Once Diez.

La jueza de Ejecución Penal de Mendoza, Mariana Gardey Merino, ordenó la semana pasada que con carácter "urgente" se llevaran a cabo reparaciones en dos alas de una de las prisiones denunciadas, el Complejo Penitenciario de Almafuerte.

Las jaulas fueron construidas "con la anuencia de la jueza que ahora lo objeta", objetó el director del Servicio Penitenciario.

Denuncia penal

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Cámara Federal de la ciudad de Mendoza habían denunciado penalmente no sólo a las autoridades del Almafuerte, sino también a los representantes de otros dos centros, el Boulogne Sur Mer, y el San Felipe.

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La jueza aceptó una acción de hábeas corpus presentada por la Procuvin, un organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal (la jefatura de los fiscales), y ordenó que se prohíba el uso de las jaulas al constatar que las condiciones de detención tornan "cruel, inhumano y degradante" el cumplimiento de la pena.

En una visita que realizada en junio, el Sistema Interinstitucional de Control de Unidades Carcelarias encontró a tres internos encerrados a la intemperie en una celda sin paredes, "cuyas estructuras y materiales coinciden exactamente con las de una gran jaula", a pesar de las bajas temperaturas que atraviesa esa provincia por el invierno.

Pena inhumana y degradante

Los presos pasan 23 horas en las celdas, no pueden acceder a ninguna actividad psicoterapéutica, educativa o laboral, y no tienen contacto con el mundo exterior salvo por algunas visitas, "tornando el encierro en un aislamiento que supera lo tolerable y convierte a la pena en inhumana y degradante de la dignidad humana", afirmó la magistrada en su fallo.

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En la denuncia que aceptó la jueza, la Procuvin y la Cámara Federal también advirtieron que en las cárceles las cloacas están saturadas, hay un deterioro estructural, predomina la suciedad, y confirmaron que las condiciones de estas prisiones violan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la ONU.

"Estas situaciones colocan en riesgo la salud de los detenidos", señalaron en su informe los fiscales generales de ambas instituciones, Miguel Palazzini y Dante Vega.

Director negó las acusaciones

En su entrevista este martes, el director de la prisión de Almafuerte negó las acusaciones y afirmó que "la gente del servicio penitenciario come la misma vianda que los presos, a los baños los limpian los mismos presos y el sistema de salud que brindamos es bueno".

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La jueza ha instado a las autoridades penitenciarias a que presenten en un plazo de 48 horas un cronograma de reparaciones en las celdas, en la calefacción, en el sistema sanitario y eléctrico. También ordenó la instalación de vidrios, la limpieza y el mantenimiento de las duchas, y la realización de las gestiones correspondientes para garantizar la cirugía a la que debe someterse un detenido.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó en mayo de 2015 un amparo contra los complejos penitenciarios de Almafuerte y San Felipe para garantizar la vida y la seguridad de los reclusos, que "comerían con las manos, defecarían en bolsas y orinarían en botellas", según señaló el organismo en su informe, al advertir además sobre las torturas y muertes sospechosas que se produjeron en los penales.

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