A su modo de ver, las vías legales elegidas por Neymar, su padre y el club catalán perjudicaron al fondo de inversión D.I.S. Esportes e Organização de Eventos, que gestionaba el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador brasileño.
El fiscal mantiene que el precio real de mercado no eran los 17,1 millones fijados en el contrato sino "una cantidad mayor, más próxima a los 36 millones ofrecidos por el real Madrid".
Por ello, el ministerio público sostiene que la fijación de ese precio puede ser "un indicio de la comisión del delito de estafa por haber sido buscada a propósito para eludir la verdadera realidad de los contratos".
Otro indicio aportado por el fiscal es que el club "evitó aportar al juzgado un documento sobre el pago de los derechos federativos" que, a su modo de ver podría ser "importante para valorar la comisión de delito de estafa".
Las conclusiones emitidas por la Audiencia nacional en el auto de sobreseimiento de la causa señalaban que el fichaje de Neymar no afectó a la libre competencia entre clubes.
En ese mismo auto se descartaba que se pudiera perseguir penalmente a los actores implicados por la comisión de un delito de estafa.
Ahora, el recurso presentado por el ministerio fiscal hará que ese punto deba ser sometido de nuevo a evaluación.
