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Demandante: fallo contra amnistía en El Salvador debe despertar a las víctimas

© AFP 2023 / Jose CabezasSan Salvador, la capital de El Salvador
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El fallo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 es la oportunidad para que en el país surja un movimiento de víctimas de la violencia, dijo a Sputnik Nóvosti Benjamín Cuéllar, una de las personas que presentó la demanda de inconstitucionalidad de la ley.

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"Tengo altas expectativas en que (la declaración de inconstitucionalidad) despierte un movimiento de víctimas de la violencia y la impunidad. Este país necesita que la gente, la sociedad, vuelva a ser demandante como lo fue hace años, para tener un Estado garante", expresó Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana.

Para el especialista, el fallo de la justicia salvadoreña puede ser "como el parteaguas" para que se produzca un renacer de la "organización social, popular" en el país.

El miércoles, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993.

De esta manera se estableció la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército y por la guerrilla del FMLN en el marco del conflicto armado interno que sufrió el país centroamericano entre 1980 y 1992.

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Cuéllar expresó sus dudas respecto a si el sistema judicial salvadoreño podrá llevar adelante un proceso por el cual se juzgue a los responsables de estos delitos y aseguró que también para que esto suceda es fundamental el papel que puedan jugar las víctimas en exigir el cumplimiento de este histórico fallo.

"No soy tan optimista ni tan pesimista, porque ya hay investigaciones adelantadas, pero tiene que haber una exigencia, una demanda de las víctimas para que esto funcione, para que el sistema se mueva", insistió el experto.

En este sentido reconoció tener sus dudas respecto a si la justicia "tendrá capacidad para ello", pero enfatizó en que si esto ocurre, el país estará en la misma situación que cuando la independiente Comisión de la Verdad denunció los crímenes cometidos durante el conflicto.

Esta comisión recogió más de 22.000 denuncias de graves hechos de violencia entre enero de 1980 y julio de 1991.

Los más denunciados fueron las ejecuciones extrajudiciales (60%), las desapariciones forzadas (25%) y las torturas (20%).

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Si "a estas alturas" la justicia no se muestra capaz de avanzar en la resolución de estos crímenes de guerra, "estamos como hace 23 años, cuando la Comisión de Verdad dijo que no se pronunciaba por amnistías o penas, porque ese sistema de justicia había sido cómplice del encubrimiento de todas las atrocidades y tenía que ser reformado", aseveró Cuéllar.

El 95% de los testimonios incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad señalaba como perpetradores a los agentes del Estado y los grupos paramilitares y escuadrones de la muerte que actuaban junto a estos.

El 5% restante acusó a integrantes del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), que tras la guerra se convirtió en un partido político y gobierna El Salvador desde 2009.

El histórico fallo, sostenido por cuatro de los cinco integrantes de la Sala Constitucional, advierte que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no son cometidos individualmente, "sino que los autores materiales o directos generalmente actuaron bajo la dirección de los jefes máximos de las estructuras militares, paramilitares y guerrilleras a las cuales pertenecían", por lo que tanto los ejecutores como los autores intelectuales deberán responder ante la justicia.

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió al Estado salvadoreño que la ley de amnistía no podía obstaculizar el juicio de crímenes graves.

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