A pesar de las críticas generadas, el mandatario afirmó que continuara con la drástica medida.
"Esta campaña seguirá en vigor hasta el último día de mi presidencia, si estoy vivo para aquel momento. Yo no me preocupo por sus derechos humanos, créanme", dijo el mandatario de 71 años, citado por los medios locales.
El político subrayó que aquellos oficiales que utilizan sus poderes para facilitar el narcotráfico —el factor principal de muerte de muchos filipinos— son los primeros en su lista.
Además, aseguró a los soldados y policías, que persiguen y asesinan a los sospechosos durante su servicio, que pueden gozar de su personal y oficial garantía de impunidad.
Finalmente, muchos ciudadanos ordinarios se han sumado a la campaña, disparando por su propia cuenta contra los sospechosos de vender drogas.
El enfoque de Duterte y el apoyo a los asesinatos extrajudiciales en las Filipinas han provocado preocupación en la comunidad internacional, al punto que el mismo secretario general de la ONU Ban Ki-moon ha condenado la conducta de las autoridades filipinas.
No obstante, el presidente filipino tampoco está dispuesto a escucharles.
"Estas organizaciones ONG que se quejan a la ONU, no es su negocio. Yo estoy librando una guerra (…) Los filipinos están pidiendo a gritos justicia por los crímenes cometidos a manos de los narcotraficantes", recalcó Duterte.
Por su parte, la Policía filipina indicó que la entrada en vigor de la política ya ha cosechado frutos, al menos 500.000 personas se han rendido ante las autoridades y han prometido acabar con el consumo de sustancias ilegales.
