La gigante estadounidense de la biotecnología agrícola "ya no tiene consenso político ni respaldo judicial, por lo que tiene poco margen para moverse", dijo Gastón Mazzalay, integrante de la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida.
Anunciado en 2012, el proyecto quedó paralizado desde el año siguiente por la resistencia del municipio de 12.000 habitantes ubicado en la central provincia de Córdoba.
Consultada por Sputnik, la compañía Astori Estructuras no dio una respuesta ni quiso referir el nombre de su responsable.
Uno de los principales directivos de Monsanto América Latina, sin embargo, admitió al portal iProfesional que la construcción de la planta no seguiría adelante.
La multinacional también declinó hacer comentarios a Sputnik.
"Periodistas locales también nos comentan que Monsanto se va, pero que públicamente no lo dirán hasta dentro de un par de semanas", dijo Mazzalay.
Triunfos judiciales
Los activistas deducen que el gigante estadounidense dio por fracasado el proyecto a raíz de un dictamen judicial del 29 de julio que imputó a 15 funcionarios, incluido el antiguo alcalde de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente de la provincia, Luis Bocco.
En sintonía con una denuncia penal presentada por los asambleístas, la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba concluyó que los acusados eran responsables por haber autorizado ilegalmente la construcción de la planta.
"La normativa vigente los dejaba expuestos, porque el terreno estaba habilitado para la producción agropecuaria no contaminante, pero no para la industria", explicó Mazzalay.
La presión de los activistas de Malvinas contra Monsanto ocasionó la intervención de la justicia provincial en dos ocasiones más.
En enero de 2014 la justicia convino en que la empresa había incumplido la Ley de Ambiente, al pasarse por alto el procedimiento que establece la normativa, y le ordenó paralizar la obra.
"Ese mismo año, presentamos otra acción de amparo para que la empresa diera a conocer el estudio de impacto ambiental, cuyo acceso nos había vedado pese a estar obligada por la Ley Nacional de Acceso a Información Pública", añadió el representante de la Asamblea.
Después del cambio de autoridades locales de fines de 2013, los nuevos responsables de la Secretaría de Ambiente provincial rechazaron el estudio ambiental de Monsanto, y meses después la justicia obligó a la multinacional a entregar a los vecinos el expediente que requerían.
Cambio de viento
Solo el 20% de la población de Malvinas, aseguran los activistas, estaba a favor de la radicación de la empresa, frente a un 60 por ciento que se oponía.
Los grupos de vecinos solicitarán ahora a la alcaldesa Silvina Paola González que ratifique el cierre del proyecto a mediante un decreto, tal como hizo en marzo de 2014 el alcalde de otra ciudad cordobesa, Río Cuarto, con un centro de experimentación de semillas de soja y maíz que Monsanto pretendía instalar en ese municipio.
La oposición popular a los transgénicos de Monsanto es grande en Córdoba, una provincia con muchos pueblos afectados por las fumigaciones de glifosato sobre las plantaciones de soja transgénica.
En el caso de la fallida planta de semillas de Malvinas Argentinas, los vecinos aseguraban que el proceso de rociado químico y secado que se daría a las semillas desprendería partículas dañinas que llegarían con el viento hasta la zona poblada, que se encuentra a 700 metros de distancia.
