"La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la Anses constituye un recurso del que puede disponer el estado para difundir los actos de Gobierno", estipuló el fiscal en su dictamen, informaron a Sputnik fuentes judiciales.
El objetivo de esta transferencia de datos, aseguró el Gobierno por entonces, era difundir las políticas de Estado con mayor eficacia.
El fiscal Delgado solicitó al juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, una serie de medidas para impulsar la investigación.
En concreto, Delgado recomendó que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, "evalúe la legalidad del convenio de traspaso de datos de Anses".
Ese estudio "debería ser encomendado a la Procuración del Tesoro de la Nación, y a dos expertos más independientes del Poder Ejecutivo Nacional", añadió el funcionario en su dictamen.
La resolución del Gobierno que oficializó esta medida autorizó a que la Anses comparta con la Secretaría de Comunicación su base de datos, en donde figuran la fecha de nacimiento, el estado civil, el número de identidad y los estudios de la mayor parte de la población, estimada en más de 40 millones de personas.
