Rousseff fue apartada de su cargo en el Senado por 61 votos a 20, aunque consiguió no ser inhabilitada para ocupar cargos públicos.
Cuando presentó su defensa ante los senadores el pasado lunes Rousseff ya anunció que presentaría un recurso ante el Supremo si se consumaba su destitución, para agotar todas las instancias.
El primer artículo define como crimen de responsabilidad "infringir, patentemente o de cualquier modo un dispositivo de ley presupuestaria".
El segundo artículo habla de la guarda legal del empleo de los dineros públicos y prohíbe "contraer préstamos, emitir moneda corriente o efectuar operación de crédito sin autorización legal".
Si el Supremo declara que esos dos artículos son contrarios a la Constitución de 1988 no habrá base suficiente para argumentar que Rousseff cometió delitos con las llamadas "pedaladas fiscales".