"Decimos que existe gravedad institucional cuando lo resuelto excede el mero interés individual", dice el texto del pedido que Sáenz, fiscal general de la Cámara del Crimen, remitió a la Corte Suprema.
La Cámara de Casación resolvió en aquel momento que la causa por la muerte de Nisman regresara al juzgado de instrucción de la magistrada Fabiana Palmaghini, después de que la propia jueza decidiera en marzo trasladarlo a la órbita federal.
Para Sáenz la decisión de la Cámara de Casación fue "injusta y arbitraria".
También la parte querellante, las hijas y la expareja del fiscal, sostienen que el caso debe volver a la justicia federal porque Nisman murió debido a su papel como fiscal en la investigación del atentado explosivo a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994.
Cuatro días antes de fallecer, Nisman denunció a la entonces presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) y a otros funcionarios de su Gobierno por el supuesto encubrimiento de funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de ser los autores intelectuales del atentado.
El fiscal fue hallado en su vivienda de Buenos Aires con un tiro en la cabeza un día antes de tener que sustentar su denuncia ante el Congreso.
Desde el comienzo y durante más de un año, la causa estuvo a cargo de la jueza Palmaghini, que delegó la investigación en la fiscal Viviana Fein, jubilada en mayo, y que era proclive a la hipótesis del suicidio.
La Cámara del Crimen secundó la decisión de Palmaghini cuando aceptó a finales de marzo que el caso estuviera en manos de la justicia federal, al sostener que Nisman murió como consecuencia de su labor como fiscal federal.
Pero esa decisión la revirtió la Cámara de Casación Penal dos meses después.
La última palabra la tendrá ahora la Corte Suprema, si acepta el pedido del fiscal Sáenz.
