Muchos guerrilleros "pueden tener procesos penales, y aquí hay que distinguir (que) la inhabilitación para poder votar derivada de un proceso penal se produce por la sentencia condenatoria que inhabilite el derecho político de ejercer el voto, (mientras que) una simple investigación penal no inhabilita el ejercicio del derecho al voto", explicó el director de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, en un vídeo publicado por la Cancillería.
La misión fue en busca de la identidad real de cada uno de esos insurgentes y de los jefes negociadores que hacen parte del Comando Central, pues es tradición que los guerrilleros adopten nombres de guerra y sean conocidos públicamente por ellos.
Acto seguido se verificará si sobre esas personas pende alguna sentencia firme por delitos cometidos durante el conflicto armado, en cuyo caso no podrían votar.
Pero el registrador estimó que los guerrilleros de base sí podrían votar, la mayoría de ellos no tienen nombres de guerra ni sentencias firmes, además de que sus documentos de identidad permanecen inscritos en el padrón electoral.
Aun así, Galindo estimó difícil calcular cuántos guerrilleros podrán participar en la jornada electoral.